La legislatura que ahora acaba ha vuelto a ser una ocasión perdida para reconocer, dignificar, promocionar y revitalizar el aragonés y el catalán, lenguas propias de la comunidad autónoma. Con una inversión por habitante de dos céntimos el año pasado, es la que menos destina de las ocho autonomías del Estado que tienen más de un idioma materno.

Está, como es obvio y lógico, muy lejos del País Vasco (con 50,98 euros por habitante) y de Cataluña (12,35), pero también de otras como Navarra (3,38 euros por habitante) o Asturias, con 1,58 euros. La que más se parece a Aragón es la Comunidad Valenciana, que aún así roza el euro por habitante. Estas son las conclusiones del último informe general del Obserbatorio de l'aragonés en el que nueve profesores de diversos departamentos de la Universidad de Zaragoza y colaboradores de reconocido prestigio en el estudio de las lenguas aragonesas.

Si en crisis y en plena emergencia social, en un mandato en el que los recortes han predominado en todos los servicios, algunos tan básicos como la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales alguien puede considerar que la promoción de las lenguas puede ser algo secundario, la tesis se cae si se compara con otros proyectos para los que el Gobierno PP-PAR no ha escatimado recursos a pesar de su dudoso retorno social y económico. Es el caso de Motorland, inversión a la que se destinaron 14 euros por aragonés el año pasado.

PORCENTAJE DESPRECIABLE

En la legislatura en la que se ha aprobado la ley de lenguas que niega la existencia y el reconocimiento del catalán como lengua aragonesa y confirma el estado terminal del aragonés, el 2014 tan solo se invirtió un total de 15.000 euros para la promoción de las lenguas propias junto a otras dos partidas que suman 9.700 euros. El 0,0027% del total del presupuesto del Departamento de Educación, Cultura y Deporte que ha dirigido Dolores Serrat. Un porcentaje ínfimo sobre un presupuesto total de casi mil millones de euros.

Según el informe, 3.700 euros se destinaron a las ayudas a la edición de tres entidades que elaboran publicaciones en aragonés: Consello d'a Fabla Aragonesa, Xordica Editorial y Sociedad Cultural Aladrada. Para actividades culturales, cero euros. Al igual que para artes escénicas, músia o audiovisuales. Además de fusionar en uno solo el concurso los premios literarios que reconocían las obras en aragonés y en catalán, los Premios Arnal Cavero-Guillén Nicolau, se les suprimió cualquier dotación económica. En el 2014 no se presentó al certamen ninguna obra, según recalca el observatorio. Más suerte tiene el programa Luzía Dueso de animación sociocultural del aragonés, para el que se destinó el año pasado un total de 6.000 euros.

La docencia en el caso del aragonés está en manos de un único profesor de Secundaria que imparte sus clases en el IES de Aínsa. Asimismo, hay tres maestros de primaria a jornada completa, otro que imparte dos horas, dos a tres cuartos de jornada, y otros tres a media jornada en diversas escuelas pirenaicas. Además, el departamento tiene destinados a tiempo parcial dos funcionarios docentes como asesores lingüísticos.

El tratamiento que, por tanto, da el Gobierno de Aragón a la protección de las lenguas propias de su comunidad es mínimo. Incluso en autonomías donde estas tampoco gozan de cooficialidad, existe un mayor empeño por la promoción de ellas. Es el caso de Asturias, donde el asturiano, el gallego y el leonés no son cooficiales pero el Ejecutivo tiene una dirección general de Política Lingüística con 1,7 millones de presupuesto en el 2014. Nada que ver con los 24.500 euros que se destinan en Aragón.

También hay que tener en cuenta que el reconocimiento social que tienen estas lenguas en la comunidad del Cantábrico es muy superior al que hay entre la ciudadanía aragonesa. En Asturias hay 33.000 escolares interesados en conocer alguna de sus lenguas propias, mientras que en Aragón apenas hay 400 estudiantes de aragonés en las escuelas públicas.

Obviamente, donde gozan de un privilegio absoluto es en las comunidades donde estas lenguas son oficiales, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, donde el presupuesto que se destina ronda o supera los cien millones de euros.