El Gobierno de Aragón ha movido de su destino habitual a algo más de 300 funcionarios para reforzar las áreas prioritarias durante la crisis del coronavirus, más allá de la sanidad, como los Servicios Sociales o la tramitación de los ERTE, como permitía el decreto aprobado en marzo. Así lo ha detallado este lunes el director general de Función Pública del Gobierno de Aragón, Esteban del Ruste, en una comparecencia que, a petición de Ciudadanos, ha realizado vía telemática en la comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón.
Según ha repasado Del Ruste, en Servicios Sociales, sobre todo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), unos 60 funcionarios, principalmente del servicio de valoración de la dependencia, han sido desplazados para la atención directa a centros sociales. En el departamento de Economía, por su parte, un centenar de trabajadores públicos han sido destinados a la tramitación de los ERTE, y por parte de su dirección general, han sido unas 160 personas (y hay "entre 70 y 80 más preparadas") las que han sido destinadas desde Educación -no docentes, sino auxiliares, personal de cocina o limpieza- a las residencias del IASS y al departamento de Economía.
Unos traslados que han sido fundamentalmente en la zona habitual de trabajo ("que yo sepa, nadie ha cambiado de localidad, salvo al pueblo de al lado en alguna comarca", ha afirmado el director general) y a las que se suman las contrataciones temporales para Sanidad y Servicios Sociales, cuya bolsa de trabajo se agotó y ha habido que renovarla. En cuanto a movilizar primero a los interinos, ha afirmado que los sindicatos conocían la intención del Gobierno de Aragón, basada en un criterio aleatorio, y no se quejaron previamente, ha afirmado. Las anunciadas unidades transitorias de gestión, para agrupar funcionarios en servicios deficitarios, "no ha hecho falta" activarlas.
680 CASOS SOSPECHOSOS
Estas contrataciones han ido también para el servicio de prevención de riesgos laborales, para el cual se han incorporado 5 médicos y 2 enfermeros traídos de fuera, para analizar los peligros de cada puesto. Entre los funcionarios aragoneses ha habido 680 "casos sospechosos" de coronavirus, aunque no hay datos de confirmados. Con estas bajas, un 9,8% del personal, y otro 10% que no han podido desarrollar ninguna tarea, entre otras contingencias, hay un 71,6% de funcionarios de la Administración General que están trabajando, lo que se eleva a un 91% computando también al personal sanitario y de Servicios Sociales.
Los servicios de prevención se encuentran ahora mismo, ha asegurado Del Ruste, trabajan visitando centros y elaborando los protocolos para la vuelta al trabajo presencial, que serán específicos de cada puesto e incluso de cada persona, en función de lo vulnerables que sean por sí mismos o por su situación general.
Estas nuevas medidas, además de equipos de protección -cuya carencia ahora "está solucionada", según Del Ruste- o mamparas, pasarán por priorizar la atención telefónica y la cita previa, además del teletrabajo, que ha sido impulsado por esta crisis y que actualmente desempeñan un 24,5% de los funcionarios. "Habrá que cambiar el sistema, mi vocación es que el teletrabajo sea una herramienta más", ha afirmado el director general, que comenzará a recibir las consideraciones de los departamentos para la desescalada.
MENOS PÉRDIDAS
En la comisión también ha intervenido el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, quien ha afirmado que que la supuesta merma de 25 millones de euros mensuales por el cornavirus que anunció el consejero Pérez Anadón está siendo algo menor. El motivo es que la ampliación de plazo para la autoliquidación de impuestos que habilitó la DGA permite que, quien quiera, pueda abonarlos, y algunos lo están haciendo. Así, entre lo poco que ha detallado, el impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos cayeron un 15% en marzo respecto al 2019, y el de Sucesiones lo hizo en un 40%.
Ante el requerimiento del PP, que había solicitado la comparecencia, Pozuelo ha explicado que se optó por esta ampliación de plazo de presentación porque el aplazamiento de pago hubiese conllevado intereses, y hacerlos días inhábiles hubiese impedido que, quien quiera, pague ya. El ICA, que corresponde al Instituto Aragonés del Agua, sí ha visto suspendido su cobro. De lo que no son partidarios es de la moratoria fiscal de un año que pide el PP.
El director general de Tributos no ha sido muy claro a la hora de anticipar la política tributaria de la DGA, que ha vuelto a ser motivo de trifulca política entre la "izquierda radical", como ha definido la popular Carmen Susín a varios de los grupos, y una derecha partidaria de suprimir lo que queda de Sucesiones y moderar el resto de impuestos. Sobre aquel, Pozuelo ha admitido que no entiende por qué hay que eliminar el impuesto a los que fallecen por la covid-19 y no al resto.
Las medidas de futuro, ha justificado el director general, cuentan con "interrogantes de tal calado" que "sería precipitado" anticiparlas sin conocer, por ejemplo, el impacto total de crisis, "sin duda devastador", y las medidas fiscales y de gasto público que van a implementar el Gobierno central y el europeo. En cualquier caso, ha recordado, el Gobierno de Aragón tiene "escaso margen" en la gestión tributaria, sobre todo en impuestos estatales que la oposición pide moderar, como el IRPF, Sociedades o el IVA. Tal es la limitación que tampoco puede actuar por decreto en materia tributaria, como le pedían, sin respaldo de las Cortes.
