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convenio regional

La DGA ha intervenido en 66 casos de desahucio hasta mayo y ha resuelto 28

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, había solicitado hoy la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para hablar de política de vivienda, pero ha intervenido en su nombre el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro

 

La DGA ha intervenido en 66 casos de desahucio hasta mayo y ha resuelto 28 - EL PERIÓDICO

EFE
14/06/2018

El Gobierno de Aragón ha intervenido hasta mayo, en virtud del convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 66 casos de desahucios, y ha adjudicado una alternativa habitacional a 28 unidades familiares, mientras que 8 han renunciado a la solución propuesta.

El secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, había solicitado hoy la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para hablar de política de vivienda, pero ha intervenido en su nombre el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro.

El convenio firmado por la DGA, el CGPJ y la Federación de Municipios y Provincias fija un protocolo de actuación cuando en los casos de desahucio por impago de alquiler o por lanzamiento hipotecario se detectan casos de especial vulnerabilidad, un convenio que para Soro no es óptimo pero con el que hay que trabajar.

Desde mediados de 2013 hasta finales de 2017 han llegado al Gobierno por esa vía 702 expedientes, 240 de ellos en 2017, de los que el 91 %, hasta 240, eran desahucios por impago de alquiler.

Este es el gran problema en la gestión de la política de vivienda, ha dicho Soro, quien ha precisado que el Gobierno tiene actualmente 365 viviendas en la bolsa pública de alquiler, de las que 226 están alquiladas a otras tantas unidades familiares, el 62 % de ellas a través del convenio.

Escartín había calificado el convenio de ineficaz y restrictivo y no ha evitado, ha dicho, que en 2017 hubiera 1.789 familias desahuciadas.

El consejero ha precisado que ese número corresponde a la totalidad de alzamientos, incluidos por alquiler o referidos a segundas o terceras viviendas o a locales, y ha indicado que el compromiso del Ejecutivo con esta cuestión se demuestra en los presupuestos, que han crecido un 40 % en 2018 respecto a 2015.

Escartín le ha recordado que en el pacto de investidura Podemos acordó con el PSOE un decálogo para que no hubiera desahucios sin alternativas.

Soro ha replicado que el Gobierno autonómico no tiene potestad ni capacidad normativa para evitar los lanzamientos hipotecarios, y que su única función al respecto es gestionar una alternativa habitacional.

De hecho, cuando el Gobierno de Aragón intentó legislar al respecto con el decreto de medidas urgentes de emergencia social de diciembre de 2015, que estableció la creación de una lista de viviendas vacías propiedad de bancos y procedentes de desahucios para destinarlas al alquiler social, el Tribunal Constitucional suspendió la medida a instancias del PP.

Se llegó a realizar un censo de viviendas vacías de bancos, que ascendían a 4.000, de las que el Gobierno de Aragón visitó alrededor de 700 y determinó que casi 500 eran aptas para ser incluidas, pero cuando se suspendió la vigencia del decreto, a petición del PP, el Ejecutivo se quedó sin esa herramienta, útil para responder a esa obligación de proporcionar una alternativa habitacional a todas las familias desahuciadas por impago de alquiler o de hipoteca.

La captación de viviendas vacías, la bolsa de alquiler, convenios específicos con las entidades bancarias o poner en valor el patrimonio propio son las medidas que pone en marcha el Ejecutivo para conseguir este objetivo.

Soro ha insistido, además, en que es esencial la política preventiva en este asunto, premisa en la que se basan, por ejemplo, las ayudas financieras al alquiler, que han pasado de 4,7 millones de euros en 2015 a 7,5 millones en 2017, y una previsión para 2018 de 8,9 millones de euros.

En 2017, ha reconocido el consejero, se cubrieron el 77 por ciento de las solicitudes, con lo que el 23 % quedaron fuera, algo que se pretende compensar con los dos millones de euros más en este ejercicio, cuya convocatoria se publicará cuando se firme finalmente el convenio con el Gobierno de España sobre el Plan Estatal de Vivienda.

Por parte del PP, Javier Campoy ha criticado el decreto recurrido y el anteproyecto de la ley de vivienda, que a su juicio solo pretenden "expropiar viviendas vacías", así como la política general del Ejecutivo aragonés en este campo, que "fomenta una ocupación ilegal que genera gravísimos problemas de convivencia".

"Heredaron un terreno favorable y han perdido el ritmo y abandonado a los aragoneses en materia de vivienda", ha agregado, a lo que Soro ha dicho que la pasada legislatura fue "la nada más absoluta" en cuanto a vivienda

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