Aragón impugnará por la vía contencioso- administrativa la orden estatal de enero de 2018 por la que se faculta a las empresas eléctricas a establecer recargos territoriales en función de los tributos medioambientales vigentes en 2013, es decir, el ICA y el Impuesto de Emisiones Contaminantes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha tomado la decisión, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha explicado que se ha autorizado iniciar las acciones judiciales necesarias para que se anule esta orden, que permite a las eléctricas aplicar recargos en las facturas de los consumidores aragoneses para compensar determinados impuestos autonómicos, únicamente referidos al año 2013.
Esta limitación temporal se debe a que en ese año se aprobó una ley que cambió la normativa sobre peajes eléctricos y, por tanto, ni años posteriores ni anteriores quedaban concernidos por esta nueva norma.
En cualquier caso, la orden de enero de 2018 no permite a las eléctricas cobrar ya el suplemento, sino que es una "primera fase" supeditada a una orden posterior.
Como para fijar el suplemento es necesario conocer el importe de los impuestos que han soportado las compañías eléctricas, la orden se limita a identificar estos impuestos y remite a una segunda orden para cuantificar de forma precisa el suplemento.
De este modo, Aragón presenta el recurso de forma "casi preventiva" para que el canon de saneamiento en 2013 y el impuesto de emisiones contaminantes no se consideren impuestos que afectan al suministro eléctrico.
El Gobierno de Aragón considera que ni los consumidores aragoneses tienen que soportar los impuestos exigidos a las empresas suministradoras de energía ni el ministerio puede decidir que estos impuestos los paguen los ciudadanos de la comunidad cuando la normativa tributaria los hace recaer en quien causa el daño medioambiental.
