Los Servicios Jurídicos de la DGA han impugnado las peticiones de sobreseimiento libre de las defensas de los cuatro imputados en el caso PDL, en el que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, investiga si hubo delitos en la obra civil de nave de Caladero, ejecutada por Conanvisa por un precio superior en tres millones al de adjudicación.
Los letrados del exconsejero delegado de Plaza, Carlos Escó, y los exaltos cargos empresariales de la DGA Santiago Coello, Pedro Colás y Pilar Valdivia, solicitaron esa medida --supone descartar cualquier indicio de delito-- tras determinar el Tribunal de Cuentas en febrero que esa contrata no incluyó desfases contables.
IMPUGNACIÓN La impugnación, pese a oponerse al sobreseimiento libre --UPD, que ejerce la acción popular, tiene pedidas dos pruebas y reclama su práctica--, deja en manos de la magistrada la decisión sobre seguir con las pesquisas o decretar el archivo provisional, figura que permite reabrir la causa.
Los letrados de la DGA ven en la actuación de los administradores de PDL (Plaza Desarrollos Logísticos) "evidentes irregularidades administrativas en los términos que relata la Fiscalía" en la denuncia que originó la causa, que advertía indicios de prevaricación. Sin embargo, añade, corresponde a la instructora "apreciar el plus" de arbitrariedad y desprecio a la ley que exige el Código Penal para considerar perpetrado ese delito.
El informe de la DGA sostiene que la gestión de las empresas públicas tiene "naturaleza administrativa, aunque algunos aspectos de la gestión puedan quedar sometidos al derecho privado".
