El Gobierno de Aragón quiere impulsar nuevos modelos de alquiler social y accesible para paliar las dificultades de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes. Con este objetivo ha nacido el Proyecto Pirineos, un novedoso formado de residencia para jóvenes en la comunidad que se construirá en un suelo propiedad de la DGA, que se dará en concesión demanial a la adjudicataria por un plazo de 75 años.
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha presentado el proyecto, que servirá para la puesta en marcha, en la ciudad de Zaragoza, de un edificio residencial para jóvenes de hasta 30 años y que contará con un mínimo de 250 alojamientos, espacios comunes y garajes.
El consejero Soro ha destacado que “viene a dar respuesta a la necesidad de acceso a vivienda de un colectivo muy específico, el de las personas jóvenes, que se encuentran con especiales dificultades para acceder a una alternativa habitacional en el mercado libre de alquiler, y, en consecuencia, con dificultades para emanciparse y crear un proyecto de vida independiente”.
Soro ha explicado que las administraciones “somos titulares de suelos e inmuebles absolutamente ociosos en los que poder impulsar propuestas habitacionales”.
El Proyecto Pirineos consiste en la construcción y explotación en régimen de alquiler de una residencia con alojamientos para jóvenes, con servicios comunes y plazas de garaje, en el solar sito en la Avenida Pirineos número 2 de Zaragoza, titularidad del Gobierno de Aragón, a través de una concesión demanial. El BOA de hoy publica la licitación y el pliego de condiciones que rige la concesión. Según las previsiones del Ejecutivo autonómico, las obras podrían comezar en el primer trimestre del 2022.
Se trata de un solar con una superficie de 5.942 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 10.000 metros, destinado a usos de equipamiento público de carácter asistencial, por lo que “hemos optado por impulsar un modelo residencial para jóvenes que tengan hasta 30 años en el momento de la firma del contrato de alquiler”.
El futuro edificio contará con un mínimo de 250 alojamientos, de los cuales al menos el 3% deberán estar adaptados para su uso por personas con movilidad reducida.
Tras la licitación, en concurrencia competitiva, el adjudicatario deberá encargarse de la redacción del proyecto; la urbanización de la parcela; la construcción del edificio y su conservación; el equipamiento de los alojamientos y espacios comunes y su mantenimiento; y, además, asumirá la explotación de la residencia a través del arrendamiento de los alojamientos y plazas de aparcamiento.
La concesión demanial es gratuita y se otorgará por un plazo de 75 años, sin que en ningún momento el Gobierno de Aragón pierda la propiedad del inmueble.
El consejero Soro ha destacado que “una las fórmulas más eficaces para hacer frente al encarecimiento de los precios del alquiler consiste, precisamente, en el aumento del parque de vivienda y de alojamientos alternativos en régimen de alquiler a precios accesibles” y ha añadido que “con el Proyecto Pirineos damos un paso decidido en esta dirección en la ciudad de Zaragoza”.
Modelo que funciona en Europa
Según han explicado desde la consejería, se trata de un modelo de alojamiento muy habitual en Europa, que se desarrolla desde hace décadas y aprovechando antiguos edificios o suelos públicos, y que responde a unas necesidades muy concretas de los jóvenes en la ciudad de Zaragoza.
En el pliego de condiciones para el otorgamiento de la concesión se establecen algunas condiciones, como que el importe máximo por alojamiento será de 340 euros mensuales, lo que incluye el derecho de uso de todos los espacios comunes (ocio, deporte, lavandería, salas de reuniones y trabajo…), el pago de las facturas de la electricidad o la wifi.
En los criterios de adjudicación se valora positivamente la disminución de la renta mensual; el aumento de las zonas comunes; y la creación de más unidades de alojamiento.
Todo incluido por 340 euros al mes
En la renta que abonen los usuarios estarán incluidos los gastos de comunidad; la limpieza, consumos energéticos y wifi de las zonas comunes; el mantenimiento del edificio; la reposición de instalaciones y amueblamiento; el servicio de conserjería…
Cada alojamiento deberá contar con una zona de dormitorio y de trabajo, espacio office, espacio distribuidor con armario y aseo independiente con ducha. Todos los alojamientos estarán amueblados. El mínimo exigible para cada unidad es de 16 metros cuadrados en uso privativo.
Esos alojamientos se completan con zonas compartidas para estancia-cocina, con una superficie no inferior a 4 metros cuadrados útiles por cada alojamiento, que estarán equipadas con butacas, sillones, sofás, televisión, estanterías, vitrocerámicas, frigoríficos, microondas…
Existirán, además, zonas de uso común para el edificio: salas de reuniones, salas de trabajo, deportivas, lavandería… con todo el equipamiento necesario.
El consejero Soro ha explicado que “buscamos que este espacio vaya más allá del mero uso residencial, que sea un espacio de encuentro, de convivencia, de coworking, previo a una fase de emancipación completa de las personas jóvenes”.
Se estima que "el plazo de licitación será de unos 6 meses, por lo que la adjudicación podría estar lista en septiembre de este mismo año y el inicio de las obras podría ser una realidad en el primer trimestre de 2022" ha indicado Soro.
Por ahora, se desconoce cuál será la inversión de partida que deberá acometer las empresas o entidades interesadas en la construcción y gestión posterior de este nuevo modelo residencial. El coste, para el Gobierno de Aragón, es nulo, tan solo la cesión del suelo, que es de su propiedad y que lo seguirá siendo, con el edificio incluido, cuando concluya la cesión demanial dentro de 75 años.
El titular de Vivienda ha manifestado que está "convencido" de que puede haber "empresas, cooperativas, comundiades, asociaciones... interesadas en este proyecto". "Buscamos una doble rentabilidad, la rentabilidad social de incorporar 250 alojamientos y poner en uso un suelo muy bien ubicado, y buscar un equilibrio con la rentabilidad económica del proyecto. Los números salen", ha insistido.
Nuevos proyectos en marcha
El consejero Soro ha adelantado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en distintos proyectos "que verán la luz pronto" y que persiguen el mismo objetivo, ampliar el parque público de viviendas para poder tener un impacto en el precio del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda de los distintos colectivos que no pueden optar al mercado libre del alquiler.
Como ejemplos, ha recordado la intervención en las viviendas rehabilitadas en Teruel y Alcañiz, y ha señalado que "el Gobierno de Aragón tiene las viviendas de Camineros no ocupadas en muchas localidades y nuestros proyecto sería, cuando conozcamos la letra de regulación de los fondos europeos, rehabilitar patrimonio público". La intención es actuar no solo en las ciudades, donde el principal problema es el precio del alquiler, sino en el medio rural, donde el mayor obstáculo es la falta de vivienda.
