El Gobierno de Aragón imputa la comisión de un delito de fraude en las subvenciones y otro de falsedad documental a cinco de los 43 imputados en el caso La Muela, por los que reclama para la empresa Nuevas Tecnologías del Agua (NTA) y para el ayuntamiento una condena como responsables civiles subsidiarios del pufo de 315.677 euros presuntamente cometido con las falsas obras --no ejecutadas o realizadas de manera incorrecta o incompleta-- de la red municipal del agua.
La DGA únicamente ejerce acciones civiles en este asunto --reclama una indemnización--, aunque, para basar su petición económica, imputa, sin solicitar por ellos penas de prisión o multa, la comisión de un delito de fraude en las subvenciones a la exalcaldesa Mariví Pinilla y al exconcejal Juan Carlos Rodrigo Vela y atribuye ese mismo delito y otro de falsedad documental al exedil Fernando Barba, al arquitecto municipal, Francisco Núñez, y al responsable de la empresa, Antonio Fando.
El Gobierno de Aragón sí pide que los cinco acusados sean condenados a devolverle esa cantidad al Instituto Aragonés del Agua (IAA) y que, en caso de que ellos no puedan hacer frente a los pagos, se hagan cargo de ellos la empresa y el consistorio al haber cometido presuntamente el delito cuatro de ellos --Pinilla, Rodrigo, Barba y Núñez-- cuando eran cargos públicos o empleados del ayuntamiento.
EN EL GARGO "Actuando en el ejercicio de sus cargos municipales, efectuaron conductas delictivas que ocasionaron un detrimento económico al Instituto Aragonés del Agua, consistente en el importe de la subvención recibida indebidamente y no reintegrada (315.667, 78 euros, más los intereses de demora aplicables)", señala el escrito de acusación del Pignatelli.
El IAA cuantifica el fraude en 548.416 euros, aunque la DGA ha obtenido ya del Ayuntamiento de La Muela, mediante un sistema de compensación de créditos --descuento de ayudas con una entidad morosa-- un total de 232.738 euros, por lo que únicamente pide la diferencia. Es decir, la cifra pendiente de cobro.
Las investigaciones de la operación Molinos pusieron de manifiesto que el Ayuntamiento de La Muela recibió dos subvenciones para ejecutar diferentes actuaciones de mejora en la red municipal de distribución de agua potable y saneamiento de la residual, aportadas por el IAA. Sin embargo, las obras resultaron no haber sido ejecutadas.
Para obtener los fondos, alguien que no ha llegado a ser identificado emitió una serie de certificaciones de obras --las periciales caligráficas de la Policía Científica descartaron a Barba, Núñez y Fando como autores de los documentos-- con las que NTA --su administrador lo admitió-- elaboró unas facturas que le permitieron al consistorio obtener la ayuda pública.
La DGA sostiene que Pinilla y Barba cometieron "acciones encaminadas a la justificación de la actuación subvencionada (-) con el objeto de obtener indebidamente una subvención, siendo plenamente conocedores de tal realidad defraudatoria".
A Núñez y Fando los señala como "cooperadores necesarios en la comisión del delito mediante la participación en la emisión de la documentación justificativa de la ejecución (irreal) de las inversiones subvencionadas (certificaciones de obra y facturas, respectivamente) con conocimiento de dicha realidad defraudatoria".
A Rodrigo, por último, lo sitúa también como cooperador "en cuanto intermedió en la emisión de diversas facturas" por parte de Fando por importe de 92.105 euros.
La acusación de la DGA sitúa al Ayuntamiento de La Muela en la llamada doble postura procesal, ya que al mismo tiempo ejerce acciones penales contra 37 de los 43 imputados --por este mismo asunto, entre otros-- y deberá defenderse de esta reclamación civil.
