El Gobierno de Aragón ha iniciado una campaña de control de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) con el fin de descubrir si se está haciendo un uso fraudulento de ellas. En los últimos días ha enviado de forma aleatoria una circular a los inquilinos exigiendo las facturas del agua, del gas y del consumo eléctrico de los tres últimos años.
Fuentes del departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Viviendas y Transporte del Gobierno de Aragón explicaron que "se trata de inspecciones habituales de control de residencia". Este proceso, que se realiza todos los años, es aleatorio, y por el que se solicitarán los recibos desde el 14 de febrero del 2011 hasta el mismo mes del 2014.
Además de las facturas, que pueden ser reclamadas también a las empresas suministradoras en caso de no disponer de ellas, la DGA pide conocer el número de personas que vivien en las viviendas. Las inspecciones se realizan por oficio o por denuncia.
Este diario ha podido saber que se están solicitando estos datos en los barrios de Rosales del Canal y Valdespartera, en Zaragoza, y en la localidad turolense, Andorra. Desde el departamento no quisieron confirmar este extremo por su carácter de aleatoriedad. Fuentes de Vivienda explicaron que para determinar cuántas personas residen en el piso los recibos de agua "son los más llamativos" para corroborar los datos.
MULTAS En caso de no facilitar la información, los inquilinos se exponen a multas de entre 3.001 y 30.000 euros. El periodo para adjuntar la documentación requerida es de un mes desde la fecha de expedición. Legalmente cuando una persona adquiere una VPO tiene que ser su residencia habitual. No obstante, y ante la crisis, se "flexibilizó la normativa" de manera que si una familia no vive en el inmueble por no poder afrontar los costes no es sancionada.
