Coincidiendo con la efeméride del 20-N, el consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, anunció ayer que firmará en los próximos días la orden para iniciar la redacción de un proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón que pueda aprobarla las Cortes a finales del 2017 y que incluirá sanciones en casos de incumplimientos.
Según explicó Guillén, la norma permitirá «avanzar en la senda del conocimiento de los hechos y circunstancias ocurridos durante la guerra civil y la dictadura franquista, en aras al reconocimiento y reparación de los aragoneses que fueron víctimas de violencia y represión en ese contexto trágico de nuestra historia».
En opinión de Guillén, la ley se debe abordar desde la complejidad que ofrece el caso aragonés, atendiendo a la particularidad de la existencia de un frente de guerra estable, y las huellas e impactos diversos que ese hecho dejó en la gestión de la memoria pública y privada. Para ello se requiere «dejar atrás los estereotipos de la equidistancia moral, y superar el tratamiento asimétrico que se ha dado a las diferentes víctimas durante décadas» y plantear así políticas públicas de memoria de amplio espectro. El texto incluirá sanciones si se incumple la retirada de símbolos.
