El director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal, ha instado hoy al Ayuntamiento de Zaragoza a que "se avenga a retomar" el acuerdo sobre el uso conjunto del edificio viejo de los juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza.
En una comparecencia ante la Comisión de Hacienda de las Cortes solicitada por el diputado popular Antonio Suárez, el director general ha relatado la situación en la que se encuentran los edificios de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar desde que todos ellos fueron trasladados, en 2013, a la Ciudad de la Justicia.
El complejo de los antiguos juzgados se levanta sobre una parcela de 1.350 metros cuadrados en la misma plaza del Pilar que fue cedida por el Ayuntamiento en 1956, sobre otra pieza que también cedió el consistorio en 1986 en la calle Prudencio y sobre varias parcelas que se adquirieron a particulares con el fin de ampliar los juzgados.
Todos los inmuebles están inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de la Comunidad Autónoma, pero en febrero de 2016 el Ayuntamiento se dirigió al Gobierno para pedir la reversión de los terrenos cedidos en 1956 y en 1986, algo que "no procede" en el primer caso en virtud de las condiciones del contrato de cesión pero que no está claro en el segundo caso, ha reconocido Bernal.
En cualquier caso, a pesar de que judicialmente se reconociese la reversión de los terrenos, nunca de las edificaciones levantadas sobre ellos, esta sería "imposible de ejecutar" porque haría inviable el funcionamiento de todo el complejo.
Y se abrieron negociaciones con el Ayuntamiento para intentar "compensarle" por estos terrenos de la plaza del Pilar.
Por eso, en 2016 y 2017 el Gobierno y el Ayuntamiento se han reunido seis veces para llegar, en abril de este año, a un "preacuerdo verbal" de cesión de uso al consistorio de una parte del edificio clásico.
No obstante, poco después, en mayo, el Ayuntamiento volvió insistir sobre la reversión, dando tres meses al Gobierno para resolverla. El plazo se ha cumplido y al ejecutivo no ha llegado ninguna reclamación judicial.
En cualquier caso, el Gobierno está dispuesto a retomar el preacuerdo verbal y a poner fin al "litigio" en beneficio de la ciudadanía, pero Bernal reconoce que es "muy difícil" negociar con alguien que demuestra ahora una postura contraria a la pactada.
Entretanto, el Gobierno ha planteado un proyecto a corto plazo para la parte más moderna de los juzgados, sobre la que está convencido de que tiene la plena titularidad.
Ya se ha licitado la redacción del proyecto de remodelación de los inmuebles, por 45.000 euros, con el fin de rehabilitar los espacios para instalar en ellos todos los servicios del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
La ejecución material de las obras se prevé en 775.000 euros, a los que hay que sumar 200.000 para el arreglo de las redes eléctricas, de agua y de conexiones de internet.
Bernal espera poder licitar las obras en 2018, para lo que se incluirá una partida en los presupuestos del año que viene, con el fin de que estén acabadas en 2019.
El traslado del departamento de Ciudadanía supondrá llevar al complejo a más de 500 empleados públicos y una afluencia de ciudadanos estimada en 140.000 al año, lo que para Bernal será positivo en cuanto a la reactivación comercial y hostelera de la zona.
Para la mayoría de los portavoces es absolutamente básico y necesario alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, que tenía la intención de ubicar un centro cívico en el edificio tradicional de los juzgados.
