La comisión especial sobre las deudas mutuas entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza arrojó ayer algunos datos desconocidos sobre una discusión entre administraciones que está de actualidad: los aprovechamientos urbanísticos del Parque Tecnológico del Reciclaje (PTR) y de la platafoma logística de Plaza. Una discusión que ahora está en negociación, entre la Dirección General de Patrimonio del Ejecutivo autonómico y la Gerencia de Urbanismo municipal, en la que, según ha podido saber este diario, el primero quiere zanjar el asunto con la cesión de suelo en el primero, más de 300.000 metros cuadrados, porque en el segundo las parcelas que le correspondían al consistorio ya están vendidas y, en algunos casos edificados.

Esta negociación sería una más entre la DGA y el ayuntamiento si no fuera por la relación que en su día existió con la financiación de la línea del tranvía por parte de la comunidad autónoma. Lo estuvo en un convenio que ambos acordaron en el 2006, en un acuerdo político en el que se repartían los aprovechamientos a cambio de que el ayuntamiento renunciara a continuar un proceso judicial por reclamar lo suyo en Plaza. Un pacto al más alto nivel que hoy, al parecer, es papel mojado. Porque, tal y como se explicó ayer, aquel convenio fue aprobado por el pleno municipal, elevado al Gobierno de Aragón y de este pasó a la Comisión Jurídica Asesora (COJA) y, desde entonces, nunca más se supo.

Hoy, el único documento que hace referencia a la obligación, con valor jurídico, de compensar a la ciudad es un convenio que no se llegó a firmar. Este, según explicaron los técnicos, regresó de nuevo al debate entre administraciones en la única reunión celebrada de la comisión de seguimiento del convenio que regulaba el pago de la DGA para el tranvía, en diciembre del 2012. En ella, el entonces consejero de Obras Públicas del Ejecutivo aragonés, Rafael Fernández de Alarcón, lo rescató para instar a modificar el acuerdo.

Solicitaba revisarlo por la venta de las parcelas municipales en Plaza y en esa renegociación instaba a incluir el traspaso de las zonas verdes de la plataforma. No hubo acuerdo y, curiosamente, la DGA dejó de pagar la anualidad del tranvía. Y así hasta hoy, que el Gobierno socialista plantea pactar con la cesión de suelo. Pasando por un acuerdo que implicaría, como hizo Fernández de Alarcón, asumir por parte de la ciudad el mantenimiento del macroparque de Plaza, con un coste anual estimado, según los técnicos de más de ocho millones de euros.