El departamento de Inspección de la Vivienda del Gobierno de Aragón comenzó ayer a interrogar a las empresas que cobran altas cantidades de dinero por reservar, sin tener todavía suelo, VPO en Valdespartera.

La primera de las empresas citadas para que explicara su método de actuación fue Salas y Vecin Inmuebles, cuyos responsables insistieron a los inspectores que su único interés es formalizar la constitución de una comunidad de bienes para optar a tres de las parcelas de la urbanización. Esta empresa exige 500 euros como pago adelantado.

La DGA investiga desde primeros de año toda una serie de prácticas sospechosas relacionadas con el concurso de siete parcelas para 1.060 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de cooperativas o comunidades de bienes. Se trata de la oferta de suelo público más importante de Aragón, cuyo plazo de presentación de proyectos termina el 3 de mayo, y el de adjudicación, el 15 de julio.

Desde que se anunció dicho proyecto, entidades de distinta solvencia han proliferado en Zaragoza. Una de ellas, por ejemplo, despareció en febrero pasado tras acudir los inspectores a recabar datos.

PAGOS ABUSIVOS Las líneas de investigación del Gobierno aragonés van encaminadas tanto a los pagos"abusivos" de dinero para formar parte de cooperativas --y que ascienden hasta los 1.500 euros-- como a los anuncios publicitarios o informaciones engañosas que crean falsas expectativas al ciudadano al dar a entender, o incluso asegurar, que ya cuentan con solares adjudicados o que el método es el sorteo.

Salas y Vecin Inmuebles mostró ayer su disposición a la colaboración. Y, según la DGA, se comprometió a facilitar el listado de las personas que ya se han inscrito y pagado la cuota de reserva. El propio director general de la Vivienda, Julio Tejedor, se dirigirá por carta a cada uno de estos compradores para informales de los procedimientos legales a seguir y de la situación en la que se encuentra el proceso.

Otra de las investigadas es Aragonesa del Pirineo, tras la petición de 1.500 euros como capital para formar parte de una cooperativa previamente constituida. Su administrador, José Chicote, negó ayer a este diario cometer ninguna actuación irregular ni haber recibido notificación alguna del Ejecutivo.

"Nosotros cumplimos escrupulosamente con la legalidad para presentarnos a todas las parcelas del concurso. En este momento tenemos a más de 300 personas suscritas, pero ya se han producido bajas y a esas personas les hemos devuelto los 1.500 euros", añadió.

Más de 150 afiliados del CSIF forman parte de esta cooperativa. El presidente de este sindicato, Angel Pelay, negó cualquier relación con esta gestora, únicamente la de haber enviado una carta a los afiliados informando de la posibilidad de suscribirse a la promoción.