La directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón se reunió ayer con dos representantes de Stop Desahucios para exponerles algunas de las medidas que están impulsando para paliar el drama de la vivienda. Por ejemplo, la convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 4,7 millones de euros para el año que viene, o la incorporación de 80 viviendas de la Sareb (el banco malo) a la bolsa de alquiler social. Una información que fue acogida con bastante frialdad por los miembros de la plataforma.

"No sé qué han querido vender", explicaba tras la reunión Raquel de la Riva, una de las portavoces de Stop Desahucios. Para el colectivo, las medidas son claramente insuficientes. Por ejemplo, insisten en que la inversión estatal, aunque escasa, no se va a poder aprovechar este año por la falta de ejecución presupuestaria. También creen que el parque de 600 viviendas del que presume la DGA se queda pequeño con 6.000 solicitudes de ayudas anuales.

La plataforma expuso casos reales para ilustrar las dificultades. Parte de ellos se centraron en el convenio antidesahucios que firmaron la DGA, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. La directora general de Vivienda, Belén Corcoy, expuso que de los 70 casos que han llegado en un año a través de Servicios Sociales, y que cumplían los criterios, en 36 se ha podido dar una nueva vivienda, en 13 los afectados no han querido ayuda y en 5 más han rechazado la casa que les ofrecía. Además, tienen 12 en tramitación.

Para Stop Desahucios, este convenio siempre fue demasiado restrictivo --con puntos como tener algún discapacitado en la unidad familiar o hijos muy pequeños--, y además se convierte en papel mojado porque los jueces solo lo aplican si quieren. Fuentes de la DGA recordaron que se trata de un desarrollo de la ley estatal, y que no tienen competencias para más.

Además, pidieron que el periodo de carencia --sin pago de intereses-- que recogía la ley de protección del Gobierno central se prorrogue dos años.

Corcoy insistió en que negocian con ayuntamientos y particulares para aumentar su parque de viviendas para alquiler social, acogida o actividades de intereses sociales.

Y recordó asimismo la importancia de la mediación hipotecaria. En la capital, tras el convenio con Zaragoza Vivienda, han recibido a 413 familias, y en 176 de los casos han logrado dar solución al proceso de desalojo.