La inversión para el mantenimiento de las carreteras autonómicas se ha convertido en otro importante motivo de discordia política entre el Gobierno de Aragón y el Partido Popular, que acusa a la consejería responsable de haber hecho una escasa inversión e incluso lo relaciona con un aumento significativo de la siniestralidad vial este año. Ante las acusaciones vertidas por el responsable popular en la materia, Javier Campoy (autor de más de 70 iniciativas y debates en las Cortes para reclamar una mejoría en numerosas vías dependientes de la Administración autonómica), el consejero del ramo, José Luis Soro, se defiende señalando que «durante esta legislatura se ha hecho un importante esfuerzo para recuperar los derechos sociales perdidos en la pasada legislatura y, en el momento en el que ha habido posibilidad presupuestaria, iniciamos las obras en determinados tramos de carreteras». El titular de Vertebración del Territorio destaca que «no solo contamos con partidas presupuestarias para acondicionamientos y refuerzos de firme sino que, además, el grado de ejecución de las mismas será prácticamente del 100%». En total, más de 22 millones de euros en ocho contratos licitados este año para reducir la siniestralidad, que contará además con partidas plurianuales.

Sin embargo, Campoy alude a un informe de la Asociación Española de la Carretera que señala que el déficit de conservación de carreteras es de 680 millones de euros, con un déficit por kilómetro de 82.062 euros, por lo que no duda en calificar la acción de Gobierno como «muy deficiente». Y, además, considera que hay una relación directa entre esta falta de conservación y el incremento de este año de la mortalidad en las carreteras, del 25% respecto al anterior. Una relación que rechazó el propio portavoz del Gobierno, Vicente Guillén, y que no dudó en considerarla de mal gusto.

TRAMOS CON ACCIDENTES

Frente a las reiteradas denuncias efectuadas por el Partido Popular, la Dirección General de Carreteras se defiende y anuncia una inversión de 350.000 euros para eliminar 46 tramos de concentración de accidentes en la provincia de Zaragoza. Y enumera una serie de obras, que se ejecutarán con esa partida de 22 millones. Esta son la travesía de Fuendejalón, iniciadas este verano por un importe de 353.000 euros, o el acondicionamiento de la travesía de la A-129, en Villamayor de Gállego, por más de 1,3 millones, unas obras que comenzaron hace un mes.

Carreteras también menciona la inversión en el ensanche, acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera A-121 entre Ricla y Fuendejalón, concretamente un tramo de 9 kilómetros que afecta a estos dos municipios y Lumpiaque, Rueda de Jalón y Épila, con una inversión de 5,2 millones y un plazo de ejecución de 19 meses. También se acondiciona la A-441 entre Cariñena y Tosos, otra carretera en mal estado.

HUESCA Y TERUEL

En esta inversión se incluye el acondicionamiento del enlace entre la A-1236 y la A-22 en Fonz y un tramo que, aunque está en Cataluña, atraviesa término aragonés de La Litera y es usado por muchos de sus habitantes. Concretamente, la A-2219 de Alfarrás a Almacellas. En Teruel, se invertirán 2,4 millones en la A-1702 entre Ejulve y Órganos de Montoro y 2,7 en la A-1701 de Rubielos de Mora a Cantavieja, en el tramo de Mosqueruela al límite de la provincia. Asimismo, se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Barbastro para mejorar la travesía de acceso al núcleo urbano que costará 1,5 millones, de los que aportará la DGA 913.000 euros en dos años.

Unas infraestructuras que el PP considera que son insuficientes y que no sirven para vertebrar parte del territorio. La DGA desmiente las acusaciones, si bien reconoce que le habría gustado tener más presupuesto para carreteras, aunque se escuda en que optó por priorizar y la mayor parte del gasto fue para restaurar otros servicios públicos.

La última gran inversión ha sido en una carretera ampliamente denunciada por el PP, la que une Maella con Mazaleón, por un importe de 5 millones de euros.