El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha aceptado la personación del Gobierno de Aragón y la Agencia Española del Medicamento --adscrita al Ministerio de Sanidad-- en el caso que investiga la venta irregular de medicamentos en el extranjero, por el que hay decenas de imputados entre ellos propietarios de farmacias. Sin embargo, el juez no ha aceptado la personación como acusación popular del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, tal y como había solicitado el colectivo.
En los próximos días no está previsto que el juez, que centra ahora su actividad en analizar la prueba documental que se ha incorporado a la causa, tome declaración a nuevos imputados o testigos, según las citadas fuentes.
Hasta ahora, el número de imputados en la operación denominada Convector, que investiga una trama para vender de manera irregular medicamentos en el extranjero, supera los 40 y proceden de distintas provincias españolas.
Solo permanece en prisión un trabajador de un almacén de medicamentos detenido en Tarragona, después de que el pasado lunes fuera puesto en libertad uno de los últimos imputados enviados a prisión la pasada semana. Se trata de un mayorista y propietario de un almacén y una farmacia en Sevilla, que abonó la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez.
GOBIERNO
El Gobierno de Aragón decidió personarse porque se vio "perjudicado a nivel económico". El Ejecutivo aragonés denunció en su día la facturación anormalmente elevada de la farmacia de Palomar de Arroyos cuya titular, presuntamente, habría cobrado al Salud por medicamentos que no suministraba a pacientes sino que revendía en una parafarmacia valenciana. A partir de esta investigación, meses después el juez comenzó a dar órdenes para precintar otras farmacias y detener a sus titulares, acusados de vender medicamentos a almacenes para su exportación.
No podrá personarse, sin embargo, el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza presidido por Ramón Jordán y que había decidido presentarse como acusación particular en el caso para velar por el cumplimiento de la legalidad y tener un conocimiento directo de los hechos que se les imputan a los farmacéuticos involucrados.
Asimismo, la organización colegial acordó hace semanas incoar diligencias previas internas para depurar las responsabilidades deontológicas que pudieran derivar del proceso judicial abierto.
