La futura ley de memoria histórica del Gobierno de Aragón se abrió ayer a un proceso de participación que durante dos meses servirá para conocer la opinión de las personas y colectivos implicados en la materia. Por el momento, el texto en forma de borrador ya deja claro que habrá sanciones para los municipios que no borren de sus callejeros los nombres y monumentos relacionados con la dictadura franquista y avanza un detallado mapa de fosas comunes para iniciar un proceso de exhumaciones, así como un censo de desaparecidos.
El consejero de presidencia Vicente Guillén, detalló ayer la intención del Ejecutivo de «abordar de manera serena y madura» la relación con el pasado traumático en la comunidad relacionado con la guerra civil y la dictadura. Por el momento, en los presupuestos autonómicos ya se consigna una dotación de 275.000 euros para poner en marcha las primeras medidas. Guillén lamentó que el Gobierno de Mariano Rajoy se jacte repetidamente de no aportar ni un solo euro a las cuentas estatales en esta materia y solicitó colaboración entre administraciones para el diseño de las políticas públicas.
no habrá subvenciones / La norma, que debería estar aprobada en las Cortes de Aragón antes de fin de año, plantea un marco general para abordar cuestiones como la reparación de las víctimas, el conflicto de los bebés robados, la prohibición en la exhibición de símbolos de la dictadura y la puesta en marcha de programas de conmemoración y divulgación de la dignidad democrática.
El régimen sancionador de la norma prevé negar las subvenciones a aquellos municipios que se nieguen a borrar el rastro en forma de placas, escudos, insignias, o monumentos que dejó el franquismo en las calles aragonesas. Además, en el caso de negativa reiterada, los ayuntamientos se podrían enfrentar a multas «muy graves» de hasta 150.000 euros.
La destrucción de fosas o la falta de colaboración para la investigación de los restos de los fusilados y represaliados por el régimen fascista también recibirán esta calificación. Se prohibe el movimiento de tierras o la destrucción de lugares en los que se puedan haber producido estos enterramientos.
En este sentido, de acuerdo con el borrador en el que están trabajando las asociaciones memorialísticas, la DGA estará obligada a crear un banco biológico para facilitar la identificación de los restos humanos de las fosas.
Desde un punto de vista educativo la norma incluirá en el currículo escolar, tanto en Secundaria como en el Bachillerato, contenidos que fomenten «la sensibilidad y el respeto por los derechos humanos». Además, se incluyen varias medidas destinadas a la recuperación patrimonial de espacios con el reconocimiento de lugares como Bien de Interés Cultural, la creación de rutas y visitas, además de la puesta en marcha de un portal de internet para que la ciudadanía pueda acceder a materiales relacionados.
