El Gobierno aragonés se abrió ayer a negociar ante los sindicatos el aumento de los mecanismos de control en la contratación del personal de las entidades de derecho público de la Administración. Los sindicatos exigen que la convocatoria de oposiciones sea la fórmula habitual de ingreso a un puesto de trabajo en el Instituto Aragonés del Agua o en el Inaga y, por tanto, que la arbitrariedad no siga siendo la tónica general en la contratación de la plantilla de estas entidades.
Este fue uno de los principales avances de la reunión de ayer de la Mesa de la Función Pública --integrada por la Administración y los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y CEMSATSE--, en la que se abordaron cuestiones relacionadas con el empleo público. Las negociaciones se reanudaron ayer tras sufrir un aplazamiento de varios días como consecuencia de los atentados terroristas de Madrid.
La DGA no aceptó, sin embargo, la pretensión sindical de que el ingreso a las empresas públicas sea el legalmente establecido para el resto del personal de la Administración general.
TEMPORALIDAD En este foro negociador, los representantes de la DGA atendieron la petición sindical de que la tasa de temporalidad existente en la Administración autonómica, no supere el 5%.
Ambas partes acordaron abrir la mesa sectorial de Administración General en la que se negocie el grueso de los temas relacionados con el empleo entre los que se encuentran los métodos de selección del personal laboral, la movilidad, la selección del personal de las entidades de derecho público y la funcionarización.
La Administración asumió la propuesta de CCOO de reservar el 50% de las plazas para promoción interna.
