La DGA negociará el reconocimiento de trienios de investigadores en formación

Así lo ha asegurado la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno aragonés, Maru Díaz, tras mantener una reunión telemática con los representantes del colectivo predoctoral en la que ha estado acompañada por el director general de Universidades, Ramón Guirado.

Según informa el Ejecutivo regional, Díaz ha explicado durante el encuentro que se prevé impulsar, en el caso de considerarse necesario, una modificación del régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador para poder atender a esta demanda "reiterada" del colectivo PIF.

Así, Aragón se convertiría así en la primera Comunidad Autónoma en introducirlo en su normativa para dignificar las condiciones de trabajo de este personal en formación.

Díaz ha considerado "de justicia" que se reconozca el complemento de antigüedad a los predoctorales en el campus público aragonés, al constituirse en la actualidad en el único colectivo de personal laboral temporal que no los percibe en la Institución académica.

Desde 2019, la Universidad de Zaragoza abona este complemento a asociados y otros laborales no indefinidos, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociera, en numerosas sentencias, el derecho del personal no indefinido de las administraciones públicas a no verse discriminado en sus condiciones de trabajo con respecto al fijo.

Otras universidades, como la de Valencia, ya vienen aplicando este complemento desde hace tiempo, lo que genera también un agravio comparativo y ahonda en la discriminación de este colectivo.

"Apoyar al colectivo predoctoral aragonés dignificando en la medida de nuestras posibilidades sus condiciones es apostar por la retención de talento en nuestra tierra", ha defendido la consejera, que ha valorado el "capital trabajo que desempeñan para el futuro de la ciencia y la universidad en Aragón".

"Son la cantera de nuestro profesorado en la universidad pública y de nuestro personal investigador", ha añadido.

Según los primeros cálculos realizados en el departamento, la medida afectaría a unos 80 contratos predoctorales del campus público y tendría un coste económico cercano a los 50.000 euros anuales.

Una cantidad, ha subrayado la consejera, que el Ejecutivo autonómico incluirá en el reconocimiento de costes de personal y que se integrará en el contrato programa Gobierno aragonés-Universidad que se renegocia estos días con la finalidad de establecer una nueva senda de financiación antes del verano próximo.