El secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, José Antonio Jiménez, reiteró ayer, en la tercera jornada del juicio por el incendio de la residencia Santa Fe, que esta no fue cerrada antes del siniestro porque «no había riesgo inminente» para las personas, pese a los expedientes sancionadores que derivaron en tres multas por carencias de personal y mantenimiento.

Tras dos sesiones más centradas en la responsabilidad penal de la acusada, María del Carmen Alejandre, la sesión de ayer en el juicio con jurado se dirigó más a la posible responsabilidad civil en las indeminizaciones, y concretamente del Gobierno de Aragón, al que tres acusaciones particulares siguen considerando corresponsable económico de la tragedia por no haber evitado el peligro.

Al respecto, Jiménez, que recordó que asumió el cargo cinco días después del siniestro (el 11 de julio del 2015), recordó que la residencia era «100% privada». De hecho, aseguró que, pese a lo que anteayer declaró la dueña de la misma, no llegaron a derivar a ningún anciano dependiente al recinto desde Servicios Sociales. Aunque sí figuraba en la lista de residencias concertadas.

El director comparó la búsqueda de responsabilidad del Gobierno de Aragón en este asunto con responsabilizar «a la DGT de que un conductor circule sin tener carnet». Y reiteró que «solo se producen cierres cautelares cuando se ve que hay peligro inminente», en la línea de lo que anteayer declararon dos inspectoras de la DGA, que revisaron el recinto en el 2014.

LA CONSEJERA / La sesión de ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza también contó con la presencia de la consejera del departamento, María Victoria Broto, que en los días posteriores a la tragedia, recién asumido el cargo, llegó a hablar de «dejación de funciones» en la inspección por parte del Ejecutivo saliente, del PP-PAR. Aunque la residencia llevase abierta desde 1997, sin licencia provisional ni inspección conocida hasta el 2006, según se dijo anteayer.

En cualquier caso, Broto se desdijo de sus palabras del 2015, alegando que, recién llegada al cargo, afrontó «la situación más dura que se puede tener», por la que estaba muy nerviosa, de ahí que sus declaraciones no deban tener «validez jurídica». Además faltaba el estudio de los informes que han podido realizar desde entonces.

Fuera de la sala, recordó a los medios el programa de inspección que desde entonces ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón, que ha derivado en 17 cierres de residencias, aunque precisó que la mayoría han sido motu proprio, por preferir cerrar que acometer las reformas necesarias. Sobre este programa, Jiménez aseguró que no fue consecuencia de la tragedia, sino que era un compromiso previo del Ejecutivo. El juicio continúa hoy con las declaraciones de diversos peritos y forenses.