El marco legislativo en el que se inscribe la nueva Academia Aragonesa de la Lengua es la ley del 2013 de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón. Esta norma fue redactada durante el mandato PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi y fue tristemente célebre por dar pie a la denominación jocosa de lapao y lapapip.
El Gobierno de Aragón actual modificó estas consideraciones a través de la ley de acompañamiento del presupuesto del 2016 y ahora el aragonés y el catalán de Aragón (incluidas sus variedades dialectales) ya figuran con los nombres que se reflejarán en los dos institutos que dependen de la academia.
La DGA recoge de este modo el guante de lo dispuesto en la norma del 2013 en la que se reclama una «institución científica oficial en el ámbito de las lenguas y modalidades lingüísticas propias». También está establecido que corresponde al Gobierno de Aragón aprobar los estatutos «de cada una de las academias en los que se fijará su composición, organización y funcionamiento».
El director general de Política Lingüística, Ignacio López Susín, reconoció que con la modificación del pasado año se pueden plantear avances en la difusión y promoción de las lenguas y que por el momento no está prevista la redacción de una nueva legislación sobre la materia. «Trabajaremos con la ley actual hasta donde dé de sí», expresó.
En un rango superior, el Estatuto de Autonomía, en su artículo 71.4 atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre lenguas y modalidades lingüísticas propias.
Está previsto que la Academia Aragonesa de la Lengua se constituya en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de los estatutos que hoy se someten a exposición pública. En su funcionamiento no se descartan convenios con otras instituciones como las que regulan el catalán.
