Un año y medio después de que se pusiera en marcha la Red de Bolsas de Alquiler Social, todavía quedan algunos cabos por atar. Se han tramitado ya algunas de las 2.471 solicitudes para obtener algunas de estas viviendas a bajo coste y solo 548 de ellas cumplen de momento los requisitos para ser beneficiarios. El resto, 1.435 expedientes, están pendientes de tramitación y 488 no cumplen. De las solicitudes resueltas 436 son en Zaragoza, 60 en Huesca y 52 en Teruel.

El decreto que regula el acceso a estas viviendas fue impulsado por el Departamento de Obras Públicas junto al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia con el objetivo de atender las necesidades de vivienda social que existen en la comunidad, sobre todo para aquellas personas o familias que no tengan ingresos suficientes para sufragar alquileres o disponer de una vivienda digna. Esta medida dotará de un máximo de 300 euros por vivienda a los beneficiarios.

Los datos responden a una pregunta parlamentaria del PSOE, cuyo portavoz de Obras Públicas, José Ramón Ibáñez, ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno de las ayudas por las viviendas sociales. El socialista ha criticado en repetidas ocasiones los retrasos que se acumula en la tramitación y los duros requisitos que se deben cumplir. Mientras, explicó, hace unos días en una rueda de prensa, las familias "lo siguen pasando mal".

COLABORADORES La gestión puede ser realizada por el Gobierno de Aragón o bien de forma mixta a través de entidades colaboradoras como la Fundación Federico Ozanam, que ha gestionado 140 viviendas. Recientemente, y para potenciar el funcionamiento de esta red, el Gobierno ha firmado dos convenios con otras dos entidades sociales como son la asociación YMCA y Kairós Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, quienes ya han gestionado 60 y 100 viviendas respectivamente.

Los individuos que quieran acceder a los hogares que establece el decreto deberán estar empadronados en Aragón y percibir unos ingresos anuales por la unidad de convivencia no superiores a la cantidad de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Además, debe estar afectados por situaciones "catastróficas o emergencias", desahucios o encontrarse en situación de desempleo y haber agotado sus prestaciones, entre otras.

Izquierda Unida también ha denunciado que este fondo social ha sido un "fracaso" y algo "contraproducente" desde que se pusiera en marcha desde hace poco más de año y medio. El concejal y representante de IU en Zaragoza Vivienda, Pablo Muñoz, relaciona este fracaso con las restrictivas cláusulas que establece, así como con la voluntariedad que supone para las entidades bancarias, incluso para las rescatadas.