El Departamento de Educación no ha encontrado hasta el momento incidencias «de importancia» en los casi 80 centros aragoneses que este curso estrenan un nuevo modelo de jornada escolar que, mayoritariamente, relega las clases al horario matinal.

Así lo expone la propia consejera, Mayte Pérez, en una respuesta parlamentaria en la que incide en la vigilancia estrecha a la que la el departamento somete a estos colegios. «Esta Administración educativa realizará un seguimiento de las actividades de los centros para intervenir en el caso de que sea necesario como venimos haciéndolo desde el comienzo de curso, sin que se hayan producido hasta la fecha ningún tipo de incidencias de importancia», indica Pérez.

En ese sentido, la consejería «garantiza el cumplimiento de los proyectos autorizados a modificar sus tiempos escolares así como el cumplimiento de las normas que les afectan», añade.

La consejera de Educación, que vuelve a rechazar el término jornada continua que «en ningún momento se recoge en la orden», recuerda en su respuesta que el proyecto presentado por cada centro autorizado al cambio de jornada «también contempla la obligatoriedad de la creación de una comisión de evaluación del desarrollo del mismo, en la que están representados todos los sectores de la comunidad educativa, por supuesto incluidos los padres y madres que debe emitir un informe al finalizar el curso escolar».

Además, defiende que el nuevo modelo garantiza «la misma, si no mejor, apuesta por la conciliación familiar», teniendo en cuenta que “muchas familias demandaban un periodo de mayor calma a la hora de comer así como tiempo de sus hijos e hijas por las tardes».

Madrugadores / Precisamente, al ser cuestionada por la posible afección de esta jornada en la conciliación, Pérez expone que «no se ve afectada de manera negativa» y argumenta que «se ofertará el programa de madrugadores en aquellos centros en los que la demanda justifique su apertura, en el periodo previo al inicio de la jornada lectiva, tal como se venía haciendo y el usuario de comedor estará atendido dentro del servicio de comedor escolar hasta la finalización de actividades lectivas que coincidirá en la misma hora que el curso 2015-16».

Al escolar que come en casa «se le garantiza la atención educativa si requieren volver al centro después de comer» y, además, «se amplía la oferta de refuerzo educativo para todo el alumnado que lo requiera a juicio del equipo docente, siendo esa actividad lectiva la que cerrará el horario de apertura del centro».

La respuesta parlamentaria añade que los centros seguirán ofertando, a partir de esa hora, las actividades extraescolares que, en colaboración con las AMPA, venían organizando.

«El centro que tiene autorizado un proyecto de esta convocatoria debe, porque así está establecido en la norma, determinar la atención docente después de la hora de comer y hasta la finalización de la jornada lectiva, así como ofrecer en este periodo una actividad de refuerzo para el alumnado que se considere desde el equipo docente que lo necesita», subraya la consejera.

Menos centros / Este curso, casi 130 centros han solicitado el cambio de jornada. Si el año pasado fueron 158 los que iniciaron el proceso —posteriormente, las exigencias impuestas desde el departamento redujeron a 79 los que implantaron el cambio de horario-—, en esta ocasión han sido otros 128 los que se han apuntado a una tendencia, la de presentar proyectos de innovación, que parece contar cada vez con más adeptos entre los centros de la comunidad de Aragón.

Por provincias, 82 centros pertenecen a Zaragoza, 19 a Huesca y 27 a Teruel. De todos ellos, 120 son de carácter público, ocho son concertados y 37 pertenecen a colectivos de Colegios Rurales Agrupados (CRA).

Ahora, el Departamento de Educación tiene hasta el próximo día 24 de febrero para validar las propuestas, que si cumplen los requisitos -—garantizar la equidad, mantener el horario actual con atención educativa, apostar por la innovación, garantizar los servicios de comedor y transporte, entre otros-—, deberán ser votadas por la comunidad educativa antes del 15 de marzo.

Para que salga adelante, el proyecto debe obtener el respaldo de dos tercios del consejo escolar del centro, dos tercios del claustro y el 55% del censo de las familias.