El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, se descolgó ayer con unas declaraciones en las que afirmaba el intento del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón y presidente de Plaza, Rafael Fernández de Alarcón, de regalarle al consistorio de la capital el parque de Plaza. Así lo aseguró, denunciando además que su intento, al que no ha accedido el consistorio, suponía "modificar" el acuerdo alcanzado en el 2005 entre ambas instituciones sobre el aprovechamiento del 10% que el ayuntamiento reclamaba por los suelos de la Plataforma Logística de Zaragoza. Un pacto de no agresión que supuso retirar el procedimiento judicial iniciado por el PP, siendo José Atarés alcalde, en el 2002.

Según explicaron fuentes municipales a este diario, la DGA está interesada en zanjar este acuerdo de más de ocho años --se firmó en diciembre del 2005-- por la vía rápida. Entonces, el presidente aragonés Marcelino Iglesias y el primer edil zaragozano Juan Alberto Belloch pactaron retirar el procedimiento judicial a cambio de dedicar a la ciudad unos ingresos por valor de 60 millones de euros que irían destinados a la construcción de una línea de comunicación de alta capacidad (tranvía o cercanías). En ese mismo pacto, acordaron hacer lo mismo con los del Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), a cambio de una inversión municipal por unos 70 millones de euros para la construcción del tranvía.

Alarcón, ahora que restan solo tres meses para finalizar el contrato de mantenimiento del parque de Plaza, ha ofrecido esta zona verde, la tercera más grande de la capital, como peaje para el ayuntamiento a cambio de que se le entregue suelo de la DGA en el PTR, valorados en esos 60 millones de euros. El problema es que este "regalo" se interpreta como una "carga". Como ahora es para las arcas autonómicas.