La consejera de Economía, Industria y Empleo de la DGA, Marta Gastón, trató ayer de transmitir optimismo a los 400 trabajadores de las subcontratas de la térmica de Andorra, que se quedarán sin empleo como consecuencia del cierre de la central en el año 2020.
En una larga reunión celebrada en la localidad turolense, la responsable del Gobierno autonómico aseguró que hay empresas interesadas en instalarse en la zona y que la Diputación General de Aragón está dispuesta a colaborar con la formación necesaria para que los afectados por la futura clausura de la instalación industrial se adapten a la nueva oferta laboral. Además, serán priorizados en las selecciones de personal que se lleven a cabo por parte del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem).
Gastón manifestó que la DGA se siente «optimista desde el realismo» y que por ello se ha fijado como prioridad facilitar la recolocación de los trabajadores de las subcontratas, que constituyen el colectivo más perjudicado por la decisión adoptada por Endesa.
Se trata en total de 400 trabajadores, los representantes de los cuales asistieron ayer a la reunión para abordar los planes de futuro, en los que la formación desempeñará un papel fundamental, en palabras de la consejera. El plan esbozado ayer contará con 10 días suplementarios para ir perfilándose con nuevas propuestas y aportaciones.
La consejera no precisó qué industrias concretas barajan instalarse en la comarca andorrana, pero sí indicó que pertenecen a sectores como la producción de alimentos, la investigación para el desarrollo, la elaboración de cerámica y la denominada economía circular.
En este sentido, el Gobierno de Aragón hace valer ante estas empresas que la mano de obra disponible y abundante en la zona está altamente cualificada y posee amplia experiencia, a lo que se suma que la formación que se va a ofrecer va a centrarse en un seguimiento individualizado de cada uno de los trabajadores.
Al margen, señaló Gastón, se encuentra el denominado plan Miner, que está dotado con 46 millones de euros, y permitirá la puesta en marcha de más de 20 proyectos que podrían suponer la creación de un centenar y medio de nuevos empleos.
Los trabajadores manifestaron a la consejera la alarma social generada en Andorra-Sierra de Arcos y en las comarcas limítrofes el cierre de la central térmica, dado que se trata de la mayor fuente de empleo en esa parte de la comunidad aragonesa.
En la reunión tomaron parte 11 miembros de la plataforma de las subcontratas de Endesa, pertenecientes a las empresas Maessa, Nervión y Cacsa. Por parte del Gobierno de Aragón estuvieron, además de la consejera, Ramón Tejedor, del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), y Ana Vázquez, directora del Inaem.
