A pesar de que el propio consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, advertía hace unos días ante un grupo de directivos que en el futuro habría más impuestos verdes, el Gobierno de Aragón paraliza por tercer año la aplicación de uno de ellos, el que grava las instalaciones de transporte por cable. Es decir, el que grava a las estaciones de esquí por el supuesto daño ambiental que provocan los telecabinas y otros dispositivos aéreos. Este impuesto, con el que algunas estimaciones indican que se puede recaudar entre 1,5 y 2 millones de euros, fue creado en el 2005 ante la oposición de las pistas de esquí y fue incluso avalado por el Supremo ante un recurso presentado por la estación de Astún.

El Gobierno de Rudi lo derogó y en el 2015, el Gobierno de Lambán lo volvió a recuperar. Sin embargo, la oposición de las estaciones de esquí, así como la presión de algunas instituciones de la provincia de Huesca, (incluso del mismo color político como el Ayuntamiento de Jaca o la propia diputación provincial) hizo que se suspendiera. Y así volverá a ser este año, a través de una disposición adicional transitoria, tal y como indica el consejero Gimeno en respuesta a una pregunta parlamentaria al diputado de Ciudadanos, Javier Martínez.

Aunque en la respuesta indica que está previsto suspender para este año la aplicación de este impuesto, el Gobierno de Aragón opta por no eliminarlo: «Sin embargo, no hay previsión sobre la eliminación del impuesto puesto que en estos momentos no existe iniciativa legislativa alguna, en la que se haya propuesto su supresión. Además, este impuesto se crea en el marco de una ley que tiene por objetivo el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón y que pretende gravar el daño medioambiental que producen diferentes instalaciones o actividades, por lo que su aplicación sigue vigente», afirma el consejero en su respuesta.