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La DGA y la patronal evidencian su discrepancia por la política fiscal

Gimeno explica a empresarios y sindicatos el proyecto de presupuestos

 

EL PERIÓDICO
25/01/2018

Las diferentes visiones en torno a los impuestos en Aragón centraron ayer la reunión de los agentes sociales con el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, para conocer el presupuesto de la comunidad de este año, que prevé un gasto no financiero de 5.303 millones y se votará en las Cortes el 28 de febrero. Tras el encuentro, el consejero restó importancia a estas divergencias que, por otra parte, indican que cuando se discute mucho de impuestos es que «con los gastos están de acuerdo», y eso es «una comodidad», si bien les animó a hacer sugerencias en torno a las cuentas, dado que el plazo de presentación de enmiendas concluye el próximo 6 de febrero.

A la reunión acudieron los presidentes de CEOE y Cepyme en Aragón, Fernando Callizo y Aurelio López de Hita, el secretario general de UGT en la comunidad, Daniel Alastuey, y la secretaria de Cohesión y Diálogo Social de CCOO, Marta Arjol, quienes sí coincidieron en calificarla de positiva dentro del diálogo de los agentes sociales con el Ejecutivo.

Callizo valoró la búsqueda de puntos comunes, aunque «no es ningún secreto» que la parte empresarial, que defiende el mantenimiento de los servicios con impuestos pero de la forma «más racional posible», para conseguir que haya más personas cotizando y lograr, con bases más bajas, ingresos más altos. López de Hita, por su parte, consideró «muy conveniente» racionalizar el gasto y optimizar los recursos, y en que es «deseable» que los impuestos se distribuyan de forma equitativa y equilibrada entre los distintos sectores y que no sean las pequeñas empresas y los autónomos los que soporten una mayor carga impositiva, «como viene siendo habitual», dijo. Alastuey, por su parte, incidió en que la comunidad está mal financiada por el coste de los servicios que presta, y en eso apoyó al Gobierno en su reivindicación de un nuevo sistema de financiación. Arjol advirtió de la necesidad de mantener los niveles de protección dada la precariedad existente en el empleo y los bajos salarios.

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