El Gobierno de Aragón está pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, potencialmente, podría dar al traste con el ambicioso plan de oposiciones con el que pretende afianzar casi 4.500 plazas de empleo público en dos años. La resolución, que se espera para el próximo 19 de marzo, debe fijar, en síntesis, si los interinos que lleven determinados periodos trabajando para la Administración tienen derecho a plaza, lo que desbarataría los concursos que tiene planeados el Ejecutivo autonómico. Aunque el director general de Función Pública, Esteban del Ruste, confió el lunes en que esto no suceda.

Del Ruste, que intervino en la Comisión de Hacienda de las Cortes para tratar, fundamentalmente, sobre el asunto de los interinos, recordó que Europa, como antes lo hiciera el Tribunal Supremo, ya dictaminó hace unas semanas que los interinos no tenían derecho a indemnización como si fueran fijos. Con el mismo criterio, y atendiendo a los principios de «igualdad, mérito y capacidad», entiende que no se deberían otorgar plazas sin oposición previa.

Por el momento, admitió, a preguntas del diputado de Ciudadanos José Luis Saz, entre otros, que la DGA no ha hecho cálculos de cuántas plazas se verían afectadas, algo que «no es fácil», porque habría que decidir si se computan «la reserva de plazas que ya ocupan otros, o los interinos que prefieren seguir siéndolo en Zaragoza a tener plaza fija e irse fuera», por ejemplo. Si el fallo es contrario a sus «principios», comparecerá «con cara triste» en la comisión en marzo, bromeó.

OTROS PLANES

Mientras se espera al fallo, indicó, el Gobierno de Aragón sigue preparando los concursos para consolidar puestos, ocupar vacantes y crear nuevos, y aliviar así el problema de interinidad que afecta a la institución aragonesa, como a casi todas. Aunque el director general de Función Pública indicó que, pese a que en la Administración general la interinidad alcanza una tasa del 35,9%, en sectores como la Sanidad no pasa del 12,1% y en Educación, del 18,5%. Animó a desconfiar de las cifras mayores porque se calculan «sobre plantilla y no sobre nóminas», de forma que se computan puestos de sustituciones por bajas o excedencias, que no son el problema de la interinidad.

Para paliar esta, recordó, el Gobierno de Aragón ha computado en los concursos-oposición «el máximo autorizado» para el primer apartado, un 40% de la nota final. De forma que primero hay que superar la oposición, pero luego el tiempo que se lleve como interino trabajando en la Administración cuenta bastante.

Del Ruste también anunció la puesta en marcha de un «ambicioso» plan de recursos humanos, que tenga en cuenta la igualdad, los riesgos laborales o factores de salud, así como un plan para la transmisión de conocimiento, de forma que los funcionarios no se jubilen sin explicar su bagaje a alguien que lo aproveche. Lo que no llegará este año, admitió, será la ley de función pública.