El Gobierno aragonés acordó ayer volver a intentar cobrar la indemnización de 6,4 millones de euros a la que fue condenada la industria química Inquinosa por los daños que causó al medio ambiente desde la planta que gestionó en Sabiñánigo entre 1975 y 1989. Inquinosa y su representante legal durante el tiempo en que la empresa estuvo activa en Aragón, Jesús Herboso, fueron condenados en abril del 2003 en vía civil por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca al pago de esa cantidad al entender que con sus vertidos causaron riesgos para la salud humana.

El tribunal impuso una multa a Inquinosa de 4,6 millones, cantidad en la que fueron calculados los costes de sellado de los vertederos de Sardás y Bailín, y otra de 1,8 millones a Herboso por un vertido puntual a un barranco próximo al río Gállego, de cuyo pago hizo responsable subsidiario a la empresa. La sentencia fue confirmada en octubre del 2004 por la Audiencia de Huesca y en julio del 2009 por el Tribunal Supremo, aunque los primeros intentos del Gobierno aragonés de hacer efectivo el pago de la indemnización fueron fallidos al carecer la empresa de un domicilio legal.

Ahora el Gobierno aragonés quiere volver a intentar cobrar la cantidad de la condena así como los costes judiciales que supuso a la administración todo el proceso, cifrados en unos 100.000 euros. Fuentes de la DGA afirmaron a Efe que si se logra hacer efectivo el cobro, solo los intereses legales del tiempo transcurrido desde el momento en que se interpuso la demanda, en 1996, podrían constituir una cantidad mayor que la indemnización original. El cobro plantea numerosas "dificultades" ya que Inquinosa desapareció de los registros empresariales españoles durante el proceso judicial.