El Gobierno de Aragón ha pedido al magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, que se inhiba en favor del del número 1 --José Ignacio Martínez--, el que se encarga de la causa principal del caso Plaza, en dos asuntos denunciados por la Fiscalía que tienen relación con la gestión de la plataforma.
Se trata de las pesquisas iniciadas a raiz de las denuncias que la Fiscalía, tras haber recibido sendos dictámenes de la delegación del ministerio público en el Tribunal de Cuentas, presentó sobre presuntas irregularidades en las adjudicaciones de los contratos para la construcción del apeadero ferroviario del complejo y para los movimientos de tierra de la zona de reserva para futuros crecimientos.
Ambos fueron adjudicados a la UTE liderada por Acciona en la época en la que era gerente de Plaza Ricardo García Becerril, que es contra quien, inicialmente, se dirige el procedimiento, aunque no hay ninguna persona imputada.
La DGA se personó hace unos meses en las actuaciones, incoadas para investigar un presunto episodio de prevaricación administrativa, y solicitó al magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 que se inhibiera en favor del número 1 para que este acumulara los dos asuntos a la causa principal. Aquel no se ha pronunciado.
El Gobierno de Aragón sostiene que se trata de hechos "conexos" que, por lo tanto, deberían ser investigados en un único procedimiento. De hecho, un informe remitido al Juzgado número 1 por Plaza sobre los contratos adjudicados por la empresa pública incluyen referencias a esas dos actuaciones.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza presentó en julio una denuncia para investigar si hubo irregularidades en la adjudicación de la contrata para redactar el proyecto y ejecutar la obra del apartadero ferroviario de Plaza, adjudicado por 8,43 millones de euros a la UTE liderada por Acciona --sus exgerentes José María Jordán y Miguel Ángel Bretón están imputados en la causa principal-- que también se encargó de la urbanización del complejo.
Las denuncia ponía de manifiesto que la obra fue licitada en un concurso "negociado y sin publicidad" sin que el pliego de condiciones incluyera los "aspectos a negociar". Y fue adjudicada tras un informe de valoración que "carece de fecha, firma e identificación del autor".
El caso de los movimientos de tierras para la zona de reserva de futuros crecimientos es similar. Pese a su elevada cuantía --7,1 millones de euros que se elevaron finalmente a 7,5-- la contrata también fue licitada mediante un procedimiento "negociado y sin publicidad".
