El Departamento de Industria de la DGA y la compañía eléctrica Endesa han pedido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que avale los permisos que permitieron la construcción de la subestación eléctrica Los Leones en Parque Goya, situada a cien metros del instituto que lleva el nombre del barrio y en cuyo entorno, en un radio de menos de medio kilómetro en dirección sur, se encuentran dos colegios de Infantil y Primaria, otro de educación especial y uno concertado.

La sala recibió hace unos días la contestación del Gobierno de Aragón y de la compañía a la demanda presentada por el colectivo de vecinos y de padres de alumnos de esos centros, agrupados en la Coordinadora de Afectados por la Subestación de Transformación Eléctrica Los Leones y que han presentado un recurso contra la autorización de la instalación. La causa se encuentra concluída, a la espera de que el ponente la estudie y los magistrados sean convocados para deliberar y pronunciar su fallo.

Estos últimos, representados por el abogado ambientalista, José Manuel Marraco, reclaman la revocación de la autorización en aplicación del principio de precaución. Consideran que la subestación está demasiado cerca de zonas pobladas, y especialmente de los colegios, y que su funcionamiento podría provocar electropolución.

CALIFICACIÓN La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrada en la Organización Mundial de la Salud (OMS), cataloga el riesgo cancerígeno de la exposición a campos electromagnéticos en el grupo 2-B; es decir, en el nivel tres de cinco y con la calificación de "posible" causa del desarrollo de tumores. Comparten calificación como posibles generadores de cáncer el DDT, el cloroformo y, desde hace unos días, el uso de teléfonos móviles. Los científicos tienen indicios y algunas pruebas de que todos ellos pueden generar esa enfermedad, aunque no son concluyentes.

Los vecinos sostienen en su recurso que la cercanía de la subestación al instituto, así como al resto de centros de enseñanza, puede provocar problemas de salud a los niños, cuya fortaleza es menor que la de los adultos.

Paralelamente, argumentan que el permiso con el que fue construida no se ajusta a la realidad. Según sostienen, la subestación, de 132 kilovatios, fue autorizada para garantizar el suministro energético al complejo de Ranillas durante la Expo 2008. Sin embargo, seguía sin estar construida cuando finalizó la muestra internacional. Mantienen que la DGA utilizó el evento como excusa para facilitar que la compañía pudiera levantar la instalación.

Por último, añaden que su aprobación vulneraría el Convenio de Aarhus, que exige consenso social para la construcción de infraestructuras.

Endesa, que considera la subestación necesaria para prestar de forma adecuada el suministro en la zona norte de Zaragoza, ha impugnado la demanda de los vecinos y ha pedido al TSJA que la rechace. Sus letrados sostienen que la tramitación del permiso fue correcta.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha alegado que la autorización cumple todos los requisitos que exige la legislación. También argumenta que los vecinos no presentaron alegaciones contra su ubicación en la zona durante el periodo de información pública del proyecto.