La comisión mixta del Gobierno de Aragón y el Poder Judicial celebrada ayer valoró positivamente la implantación del programa de gestión procesal Avantius, que tras extenderse por las provincias de Huesca y Teruel acaba de comenzar a implantarse en las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa de Zaragoza.

Un programa de implantación que ha despertado las iras de los funcionarios, que consideran que no cuenta con la formación previa y el soporte técnico adecuado, pero que la DGA y los representantes judiciales aragoneses acogieron con satisfacción, según informó el Ejecutivo autonómico. Sí hizo referencia a que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, reclamó flexibilidad a la hora de compaginar la información con el papel, como ya hiciera en las Cortes.

En la comisión también se repasó la mejora de seguridad de los edificios judiciales, con la implantación de arcos detectores de metales o su sustitución por otros más modernos, así como el requerimiento por parte de la DGA de que los jueces se impliquen más para impulsar la mediación extrajudicial. Al respecto, Bellido sugirió crear un grupo de magistrados y secretarios judiciales que reciban formación avanzada.