El Gobierno aragonés aprobó ayer la oferta de empleo público para el 2004, que permitirá cubrir 410 nuevas plazas (de las que 115 serán de promoción intenta). El Ejecutivo pretende ponerse al día en una materia en la que acumula años de retraso, pues hay convocatorias pendientes de 1999. CCOO y CSI-CSIF acogieron la noticia con satisfacción y aseguraron que en estos días se está dando salida a la oferta atascada y se está cumpliendo el calendario pactado con ambas centrales. UGT, que se descolgó de dicho acuerdo, se mostró muy crítico con unas medidas que resultan --a su juicio-- "insuficientes".

El vicepresidente y portavoz del Gobierno, José Angel Biel, dio a conocer la aprobación de las nuevas plazas: 410 de las que 195 serán para funcionarios, 100 para laborales y 115 más para promoción interna. El objetivo de esta medida, recordó el dirigente aragonesista, es reducir progresivamente la temporalidad (el porcentaje de trabajadores interinos) hasta situarla por debajo del 5%.

Y es que, actualmente, la Administración autonómica se mueve en porcentajes de precariedad del 14% en cuanto al personal funcionario y del 7% respecto al laboral. Cifras de temporalidad que DGA y sindicatos se propusieron combatir con el acuerdo que firmaron el pasado mayo, que UGT no aprobó.

Ese pacto tenía entre sus prioridades dar salida a convocatorias de empleo público pendientes desde hace seis años. La ejecución de la oferta del 2003 (más de 500 plazas) y el turno libre para personal laboral de 1999 y 2000.

Según Montse Grau, de CSI-CSIF, y Julio Moreno, de CCOO, el calendario acordado en mayo se está cumpliendo con normalidad, pues en este momento se está convocando la primera y ya está lista la segunda. Ambos sindicalistas señalaron que se trabaja para reducir la temporalidad y que se han creado grupos de trabajo para pulir las medidas pactadas. Grau destacó que la Administración "está cumpliendo lo pactado", un hecho que calificó de "satisfactorio".

Moreno, no obstante, recordó que si bien la convocatoria del 2004 es "un avance", todavía no resulta suficiente para poner freno al elevado porcentaje de interinos, que superan --con mucho-- el deseable 5%. La gestión se ve limitada, especialmente, por las comisiones de servicio. "Esas plazas deberían sacarse a concurso", apuntó el representante de CCOO.

DISCREPANCIAS Antonio Puyó, de UGT, fue muy crítico con la actuación del Gobierno. "La convocatoria del 2003 se prevé acabar en el 2005. Seguirá habiendo un tapón", aseguró. Su sindicato no firmó el pacto del pasado mayo porque no se aceptaron sus propuestas de abordar el tema con un horizonte mayor. UGT quería hacer proyecciones sobre el empleo público hasta el 2007 para reducir efectivamente la precariedad .

"No se ha negociado globalmente. Y se han creado grupos de trabajo que han retrasado el trabajo dos meses, pues harán propuestas que se hubieran resuelto con rapidez en la mesa sectorial de la Administración general".

Respecto a la oferta del 2004, señaló: "No es buena ni mala. Se podrían haber sacado más plazas". El sindicalista de UGT concluyó: "Seguiremos negociando en la mesa sectorial y allí hablaremos de funcionarización".