El Gobierno de Aragón quiere controlar al máximo los gastos de la administración pública. Incluso los que se derivan de «inercias» provocadas por las gestiones pasadas, según explicó ayer el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. Y para ello se ha cerrado «un acuerdo institucional entre la DGA y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para mejorar los ámbitos de gestión» del que saldrán tres informes con los que valorar la situación actual.
Además, se pondrá en marcha una Unidad de Gestión Sostenible (UNIGES) que trabajará con todos los departamentos para mejorar las políticas del gasto y del ingreso y se prepara una retención de crédito por valor de 45,3 millones de euros que trata de adelantarse «a los escenarios más gravosos» que impondrá el Plan Económico y Financiero, que deberá aprobar el Consejo de Políticas Fiscal y Financiera en el mes de julio.
Estos cambios suponen un cambio en la filosofía presupuestaria que se aplicaba en la actualidad y recuerdan a planes de «racionalización» pasados como el diseñado en el 2011 por el consejero de Hacienda en la etapa de Luisa Fernanda Rudi, Mario Garcés. En todo caso, por el momento, no se han definido qué recortes concretos será necesario acometer.
«SIN SOBRESALTOS»
Así, el Gobierno de Aragón pone la venda antes de la herida con esta «nueva cultura del gasto» de forma que pretenden «trabajar sin sobresaltos» y garantizar la rentabilidad social de la inversión pública. Por el momento no se han dado cifras concretas sobre el ahorro que se puede lograr aplicando este primer paquete de medidas. En el futuro se completará con una revisión del sistema impositivo, prestando especial atención a los tributos ambientales.
En concreto, el acuerdo firmado por el Consejo de Gobierno formaliza el encargo a la Airef de tres estudios. Uno, sobre la farmacia extrahospitalaria; otro, sobre el capítulo de Personal en el departamento de Educación, Cultura y Deportes; y un tercero, sobre la financiación de la Universidad de Zaragoza, aprovechando que el modelo actual termina su vigencia en este año. Estos informes en profundidad se utilizarán tanto para aplicar todas las recomendaciones de control que realice la Airef en unas áreas que suponen una gran parte del gasto público de la comunidad.
OFICINA TÉCNICA
La segunda medida que ha adoptado la DGA supone la creación de una oficina de control, de corte eminentemente técnico, cuyo objetivo será «ayudar a mejorar y racionalizar los procedimientos y los costes que contrae cada departamento». Contará con tres funcionarios y se pondrá en marcha en las próximas semanas.
Anadón destacó que será una unidad «flexible, transversal y multidisciplinar» y que podrá contar con la presencia de profesionales de otras consejerías, según la especialización que requiera cada caso.
La última de las medidas aprobadas autoriza una retención de crédito de 45,3 millones (una cifra que representan un 0,7% del presupuesto). Esta decisión, según el consejero, evitará cualquier tipo de ajuste en la prestación de los servicios básicos y se ha diseñado con la colaboración de todos los departamentos «poniendo de manifiesto la cohesión que existe en el Gobierno». Algo que en su opinión «vale su peso en oro».
La mínima contención del gasto que se lleva adelante mantiene y actualiza la idoneidad del Presupuesto, que se elaboró hace cinco meses y se está gestionando en un mundo donde todas las variables de crecimiento de la economía mundial se reacomodan casi a diario, bien sea por causas netamente económicas o por la alarma sanitaria de impacto mundial que tiene en jaque al planeta.
La revisión tributaria será después del verano
La revisión tributaria a la que se comprometió el Gobierno de Aragón durante la sesión de investidura se iniciará después del verano, según indicó el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. El responsable de las cuentas señaló que se trata de un asunto que aún está «verde», pero que incluirá la revisión del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y el análisis de otras figuras impositivas ambientales. También se quieren retocar las tasas actuales.
Anadón señaló que su compromiso es mantener la presión fiscal dentro de la media de España. «Los aragoneses no pagarán más en un concepto global», sentenció al mostrarse abierto a debatir con otras administraciones. Por su parte, la vicepresidenta Mayte Pérez, reclamó la revisión urgente del sistema de financiación autonómico para poder hacer frente a todos los servicios. «Estamos ante un problema estructural», dijo.
Además, la DGA prevé conectar las herramientas informáticas que controlan el personal y las nóminas para tener una fotografía mensual de la situación. Igualmente quieren mejorar los sistemas de contratación y que los proyectos de inversión cuenten con memorias económicas más detalladas.
