El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, sacó pecho ayer de que la comunidad está por debajo de la media nacional en cuanto a presión fiscal de los tributos propios y cedidos, que según los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se sitúa en el 5,13% del PIB, tres centésimas por debajo del 5,16% de la media nacional, excluyendo a las comunidades con régimen foral, País Vasco y Navarra.
Gimeno, en una comparecencia en la sede de Hacienda de la zaragozana plaza de Los Sitios, detalló que, frente a lo que sostiene «el populismo, que es muy simplista», entre los impuestos que «más preocupan» a la ciudadanía, como los de la renta y el patrimonio, Aragón ocupa también la octava posición nacional en el IRPF, la quinta en el de Patrimonio y, hasta ahora, eso sí, la primera en Sucesiones y Donaciones. Con la reforma a la baja que entró en vigor esta semana, Gimeno no se aventuró a situarla en un futuro. En Hidrocarburos la comunidad es la décima de España y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la duodécima, todo con datos del año pasado certificados por la IGAE.
Con este repaso, el consejero quiso desmentir la imagen de «infierno fiscal» que, sobre todo desde el PP, se suele criticar de Aragón. «Esta es la realidad fiscal, al que tiene Bruselas», subrayó, señalando como «dato curioso» en el listado de comunidades, que Madrid, que se suele poner «de ejemplo» (sobre todo en Sucesiones), se sitúa, con el 5,47% del PIB, tres puestos por encima de Aragón en cuanto a presión fiscal de tributos propios (o cedidos).
ARMONIZACIÓN
Pero tras haber presumido de desahogo tributario, Gimeno aclaró que «Aragón sigue defendiendo una armonización fiscal, dentro de los márgenes para legislar, porque no tiene sentido que haya una competencia desleal entre comunidades (o países, al citar a Irlanda) para crear paraísos fiscales cuando los impuestos sirven para financiar los servicios públicos en toda España».
En este aspecto, los últimos datos sobre derechos reconocidos (lo que está fijado que se ha de cobrar), los tributos propios y cedidos marcan una caída entre los primeros -grandes superficies, depósitos de entidades de créditos, o el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA)- del 20,9% respecto a agosto del año pasado, cuando había un reconocimiento de 77,3 millones y hace dos meses rea de 61,1. En los cedidos por el Estado (Sucesiones, patrimonio, juego...) la caída es de casi un 2%, de 327,5 millones en el 2017 a 321,1 este. Entre ambos, bajan en 12,6 millones de euros.
Pero Gimeno no se mostró muy preocupado. Entre otras cosas porque la financiación autonómica (los impuestos estatales para la comunidad) han subido un 6,3%, y son lo principal, 2.017 millones de los 2.421 totales.
Y además, vaticinó que, por los datos que tiene, al final los tributos propios «estarán por encima del 100% de lo presupuestado», a expensas de lo que suponga la decisión del lunes en el Supremo sobre las hipotecas. En el ICA, por ejemplo, que que actualmente acumula 15,7 millones menos que el año pasado, auguró que en octubre «se recuperará».
