El Gobierno de Aragón pretende mejorar el reparto de ayudas a los barrios degradados. Por eso quiere que los planes de Regeneración y Rehabilitación Urbana (Arrus) sean más accesibles a la población que viene en municipios con menos recursos. Así, por primera vez, su asignación se hará siguiendo criterios de «concurrencia competitiva». Por el momento, no se ha decidido con qué dotación económica contarán ya que se está pendiente de renovar el convenio con el Ministerio de Fomento para decidir qué porcentaje asumirá cada administración y en los presupuestos actuales no está reservada una partida específica para las mismas.
La directora general de Vivienda del Ejecutivo autonómico, Mayte Andreu, destacó que en el próximo curso quieren dejar a un lado la subvención directa usada hasta ahora para primar a municipios con menos recursos. «Las ayudas ya no se otorgarán de forma unilateral entre la DGA y los ayuntamientos», señaló. Hasta ahora las poblaciones beneficiadas del reparto discrecional siempre solían ser Calatayud, Binéfar o Barbastro. En general se tenía en cuenta la capacidad real del municipio para ejecutar las obras.
criterios objetivos / Con el nuevo pliego habrá unas bases de «criterios objetivos» a los cuales se presentarán las áreas en las que intervenir debido a la degradación social a la que estén sometidas. El próximo mes de septiembre se celebrará la reunión en la que conveniar las condiciones. Con esta nueva perspectiva se busca que la rehabilitación no tenga solo incidencia en el estado de la vivienda, sino que las zonas más degradadas, que suelen coincidir con una población con más dificultades, tengan en cuenta las necesidades sociales y económicas de los vecinos. Otro de los puntos de atención serán los locales comerciales. «Es un aspecto fundamental para devolverle la vigencia a un barrio», indicó. Los fondos Arrus requieren que los municipios definan previamente una zona de intervención.
La cita con el ministerio en septiembre servirá también para definir la financiación y las cuantías que recibirá este proyecto. De forma tradicional, el reparto ha contemplado una aportación del 35% de fondos autonómicos, un 15% en la mayoría de los ayuntamientos, y el resto entre el Estado y los propietarios.
Andreu señaló que se copiará a la hora de definir el reparto el precedente que han establecido con las convocatorias para el alquiler y la rehabilitación, con las que intentan primar una labor social y de lucha contra la despoblación. «A veces nos encontramos con unidades de convivencia que pueden asumir un porcentaje mayor en la financiación que otras», indicó.
La directora general estuvo presente ayer en Monzón en una visita para conocer las intervenciones realizadas siguiendo los criterios vigentes entre el 2015 y el 2017. La localidad se ha beneficiado de ayudas por valor de cuatro millones de euros.
Esta forma de actuar, abriendo antes de fin de año el plazo para presentar convocatorias y definiendo su financiación el próximo curso, permitirá, según el departamento, «mejorar la planificación».
nuevo gobierno / Para el próximo convenio con El estado se espera mayor comprensión gracias al cambio de Gobierno. En un primero momento celebran que la reunión bilateral tenga lugar en septiembre tras una solicitud el pasado mes de julio. «De momento parece que todo será más sencillo, aunque aún se tiene que concretar», señaló Andreu. La DGA acudirá a esta cita con la voluntad de «reclamar cambios» en los planes estatales, pues cuando se aprobaron las autonomías que estaban en la oposición ya plantearon sus alegaciones.
