El Gobierno de Aragón tiene previsto recaudar por el Impuesto de Contaminación sobre las Aguas un total de 60 millones de euros este año, si también se liquida el cobro de los recibos del año pasado en la ciudad de Zaragoza, cuyos habitantes no pagaban hasta ahora este impuesto al tener construida su propia depuradora, asumida y abonada por los vecinos de la capital aragonesa.

De este modo, el reconocimiento de derechos asciende a casi 61 millones de euros, de los que 42.482.000 son procedentes de las entidades suministradoras de agua (las personas físicas y jurídicas de cualquier naturaleza que, mediante instalaciones de titularidad pública o privada, bien sea con carácter oneroso o gratuito, efectúen un suministro en baja de agua, con independencia de que su actividad se ampare en un título administrativo de prestación de servicio).

Según los datos facilitados por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, a esta cantidad se le unen 5,6 millones procedentes del padrón propio del Instituto Aragonés del Agua y 12,9 que provienen de la liquidación de Zaragoza en el 2016.

Esta estimación de recaudación, que situaría a este impuesto como uno de los más cuantiosos de cuantos tiene el Ejecutivo autonómico, está sujeta a modificaciones, en función de los impagados o las devoluciones de recibos que por distintos motivos puedan producirse.

un impuesto controvertido / El Ayuntamiento de Zaragoza ha entregado los datos del padrón al Gobierno de Aragón por la obligación legal que tiene al tratarse de un impuesto, a pesar de las reticencias que tiene debido a que los zaragozanos llevan años pagando su propia depuradora. Este impuesto, que según el Gobierno de Aragón es por contaminar y no por el servicio que prestan las estadiones depuradoras de aguas residuales, ha sido muy criticado, ya que el plan de depuración que se hizo durante los años del Gobierno PSOE-PAR y tuvo continuidad a posteriori ha sido cuestionado incluso por la Cámara de Cuentas, que hizo un demoledor informe hace unos meses.

Entre las cuestiones que se objetan, figuran por ejemplo que muchos pequeños municipios no tienen capacidad de asumir depuradoras que están además a medio construir. Otras, sencillamente, ni se llegaron a levantar. En otros casos, se sobredimensionaron al considerar que la población aumentaría notablemente, por lo que debían ser depuradoras de más capacidad que la población real. Este sobredimensionamiento también se dio en los pequeños municipios pirenaicos, al pensar --en pleno boom inmobiliario-- que habría un espectacular incremento de viviendas como segundas residencias.

Sin embargo, nada de esto ha sucedido y el plan sigue estando en cuestión, a la espera de una comisión de investigación en las Cortes.