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La DGA se propone evaluar todas sus políticas sociales

Una comisión tratará de garantizar su sostenibilidad

 

EL PERIÓDICO
01/02/2018

El Gobierno de Aragón anunció ayer la creación de una comisión con la que intentará evaluar la calidad de sus servicios sociales. Este organismo tendrá que emitir valoraciones sobre las intervenciones públicas, rendir cuentas sobre la calidad de los servicios, proporcionar criterios e instrumentos para la sostenibilidad de estas prestaciones y fomentar el conocimiento y el compromiso de las personas que trabajan en la Administración «con los principios de ética, integridad y rendición de cuentas».

Se trata de un órgano multidisciplinar que estará presidido por el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, e integrado por once personas en representación de los departamentos de la DGA. «Tenemos que ser capaces de cumplir con los servicios que garantizan las leyes de las que nos hemos dotado», expresó el socialista.

Las actividades previstas para el presente ejercicio se centran en la emisión del informe de seguimiento de las actuaciones del Plan general de mejora de la calidad de los servicios, la publicación de un informe anual en esta materia, la elaboración de pautas de evaluación de las políticas públicas, así como el impulso y fomento de la formación en evaluación del funcionariado.

Gimeno ejemplificó la necesidad de este organismo al señalar las dudas «políticas y económicas» que puede generar el mantener un colegio rural abierto para un solo alumno. «En ese caso hipotético es necesario saber si eso contribuye al desarrollo rural o si es necesario para cumplir con el derecho a la escolarización de ese niño», explicó.

INICIATIVAS 

Esta comisión se suma a los instrumentos que la DGA ya ha desarrollado ya para fomentar mejoras en la conducta de las administraciones públicas ante las necesidades de los ciudadanos, todo ello sin olvidar la necesidad de garantizar sus sostenibilidad económica. Fuentes de departamento de Hacienda indicaron ayer que está trabajando en iniciativas como la ley de transparencia y participación ciudadana o la ley de integridad y etica pública.

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