Suenan tambores de guerra en la Justicia aragonesa. Y todo por la renovación de la plaza de secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el superior jerárquico de los secretarios de todos los juzgados de la comunidad. El Gobierno aragonés ha propuesto para el cargo a la esposa del senador autonómico por el PP, Ricardo Canals, y la decisión ha provocado "indignación" en el colectivo, que considera que se están primando los criterios políticos sobre los técnicos y profesionales. Sobre todo, dicen, porque a este puesto concurren otras siete personas más y en la consejería de Presidencia y Justicia ni se les ha recibido ni escuchado.

Tal es el ruido generado que, según fuentes consultadas, el Ministerio de Justicia estaría retrasando los nombramientos en otras autonomías por el problema de Aragón.

La propuesta oficial está encabezada por Mª Pía Lardiés, casada con el senador autonómico del PP, Ricardo Canals, que ejerce de secretaria en la Sala de lo Contencioso del TSJA. Tras ella, y como segundo candidato, figura el secretario de la Sala Civil y Penal, Jesús Medrano, quien está próximo a la jubilación y no podría ni siquiera completar los cinco años.

IDONEIDAD

Desde el departamento que dirige Roberto Bermúdez de Castro han asegurado a este diario que antes de hacer la propuesta al ministerio se pidió un informe de idoneidad a la Dirección General de Justicia, desde donde recomendaron que los candidatos deberían estar ya trabajando en el TSJA. De haber cumplido estrictamente con el requisito, el Ejecutivo tendría que haber incluido a la actual coordinadora de los secretarios zaragozanos, que era una de las aspirantes.

Sin embargo, otras fuentes consultadas aseguran que con criterios "estrictamente curriculares" hay aspirantes bastante mejor preparados y con experiencia profesional en muchos campos, a los que ni siquiera se ha entrevistado.

Este mismo argumento se planteó el pasado jueves en la reunión que mantuvo el Consejo del Secretariado en Madrid, un órgano al que el ministerio consulta, sin que el resultado sea vinculante, en último lugar antes de decidir el nombramiento. En aquellas comunidades sin transferencias de Justicia se pide también al TSJ correspondiente.

En esta reunión, solo el vocal representante de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) votó en contra de las propuestas de las comunidades autónomas por considerar que no prevalecía "el principio de transparencia y publicidad". Este vocal --Juan Ávila-- exigió el acceso a los currículos de todos los aspirantes a las plazas y no solo de los candidatos oficialistas. En el caso de la propuesta aragonesa, además, solo se presentó documentación de la número uno de la lista.

El puesto de las secretarías de gobierno de los TSJ-- los superiores jerárquicos de los secretarios de toda la comunidad-- son de libre designación por el Ministerio de Justicia y como requisito mínimo del aspirante figura el haber permanecido durante diez años en lo que se conoce como segunda categoría, es decir, haber prestado servicio como secretario en un juzgado servido por un magistrado. En Aragón equivale a haber trabajado en un juzgado de cualquiera de las tres capitales de provincia.