El portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada, ha esbozado hoy las líneas generales de la propuesta socialista de modificación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), después de que el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, haya repetido que no conocía la propuesta del Ejecutivo autonómico.

La propuesta que ha presentado es muy similar al informe del experto de la Universidad de Zaragoza, Ismael Jiménez, que presentó anteayer en la comisión acerca del ICA.

En síntesis, la propuesta contempla dividir el pago en un impuesto "de solidaridad" que pagarían todos los aragoneses y una tasa por consumo. Esta conllevaría progresividad medioambiental, esto es, se bonificaría el menor consumo. Y también progresividad social, con descuentos para los más desfavorecidos o las familias numerosas.

La tasa se dividiría en tramos de consumo, similares a los que se utilizan actualmente. Así, el primer tramo, hasta 10 hectómetros cúbicos (que actualmente supone el 66% de los recibos) bajaría un 33% el pago; el segundo tramo, con una media de 11 hectómetros, descendería entre un 8% y un 12%, y el tercero, el de gran consumo -"gente con piscina", ejemplificó Sada-, subiría notablemente.

Como ejemplos del primer tramo, un vecino de fuera de Zaragoza pasaría de pagar 105 euros al año a 71, y en Zaragoza, de 72 a 59. La capital, o los pueblos sin depuradora -o con su gestión transferida a la DGA- que solo pagaran el impuesto, verían reducido el recibo de este de unos 42 euros anuales a unos 28.

Como en la propuesta de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), lo que se perdiese de recaudación lo compensaría la DGA. De hecho, salvo que el impuesto de esta propuesta es "ridículo" por bajo, y que no hay progresividad medioambiental, Sada no acertó a detallar en qué se diferencian ambas propuestas, o qué es lo que no les convence de la de la RAPA.

El Gobierno, ha explicado Sada, quería alcanzar un preacuerdo con Podemos antes de trasladar la propuesta a todos los grupos, pero dado que la formación morada "no quiere negociar", lo llevará directamente a todos, para intentar aplicarlo cuanto antes. En cualquier caso, no se aplicaría antes del 2019.