El Gobierno de Aragón, en colaboración con las organizaciones agrarias de la comunidad, quiere diseñar una ley «de protección y modernización» de las explotaciones familiares para defender un modelo del que depende el futuro del medio rural aragonés. El anuncio, realizado ayer por el presidente Javier Lambán, es por el momento una mera declaración de intenciones, ya que las partes acaban de iniciar los contactos (ayer se celebró la primera reunión institucional en el Pignatelli).

Ni Lambán ni el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, detallaron las líneas maestras en las que se basará la nueva ley, si bien incidieron en la necesidad de que los agricultores puedan acceder a más tierra para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y modernizar el sector.

Se trataría, por ejemplo, de que el patrimonio agrario que está en manos del Ejecutivo autonómico «se ponga a disposición de los jovenes agricultores», dijo Lambán. Para ello, incidió el presidente, se necesitaría «modernizar y actualizar» toda la legislación, ya que la actual (de los años 80) está «desfasada».

Respecto a los plazos, Lambán aseguró que se «conformaría» con tener lista «una buena ley» al final de la legislatura. «Ya demostramos nuestro compromiso con el sector agrario la pasada legislatura, pero entendemos que ha llegado el momento de afrontar algunas cuestiones de una manera más contundente», dijo el presidente, que reiteró que esta actividad, junto a la agroalimentación, es la que mejor puede luchar contra la despoblación.

El anuncio y la reunión de ayer con las organizaciones agrarias de la comunidad llega en un momento «crítico» para muchos profesionales del campo. Es el caso de los olivareros o de los fruticultores. Estos últimos han convocado hoy una protesta en Calatayud para protestar por los bajos precios en origen. De hecho, algunas organizaciones creen que el movimiento del Ejecutiv también trata de apaciguar los ánimos en el campo aragonés.

CLAVE CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Lambán apuntó ayer que deberían ser la PAC la que solucionara parte de estos problemas, pero la política agraria demuestra ser ineficaz. Por eso, volvió a reclamar una reforma largamente defendida por Olona.

Respecto a la crisis de precios, Lambán reconoció que algo se debería hacer con las cadenas de distribución. «Solucionar el tema de los precios no es fácil que pueda hacerlo un gobierno, pero sí puede y debe proteger el modelo de agricultura familiar», subrayó Olona.

Por otra parte, la DGA quiere tratar con las organizaciones la necesidad de resolver el problema de su representatividad, que está paralizado sin que las cámaras agrarias estén extintas, aunque ya no funcionen.