El Gobierno de Aragón trabaja ya en la reforma del Estatuto de Autonomía por la que se eliminará la condición de aforados de los diputados autonómicos y los consejeros del Gobierno de Aragón, que quiere llevar este mismo curso a las Cortes, donde necesitará una mayoría de dos tercios de la Cámara para salir adelante.
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, hizo esta estimación de fechas este lunes, en la comisión Institucional del Parlamento autonómico, y por la reacción de los grupos parlamentarios no parece que vaya a haber problemas para que la iniciativa salga adelante. En la misma modificación del Estatuto se asegurarían también los 14 escaños de mínimo para cada provincia en la Cámara, lo que también genera consenso entre los grupos políticos.
Pérez compareció a petición de Ciudadanos, cuya diputada Beatriz García recordó que todos los grupos apoyaron ya, hace más de un año, una proposición no de ley en la que se daban «tres meses» al Ejecutivo para iniciar estos trámites. Se mostró comprensiva con el efecto de la pandemia, pero dado el tiempo pasado, pidió celeridad.
La consejera Pérez informó de que, el pasado 6 de agosto, se firmó la orden por la que las direcciones generales de Desarrollo Estatuario y Relaciones Institucionales comenzaron a tramitar esta reforma, que afectará a los Artículos 36, 38 y 55 del Estatuto, que regulan la representatividad provincial en las Cortes, el aforamiento de sus diputados y el de los miembros del Gobierno, respectivamente. Tras la redacción, que no debería llevar demasiado tiempo, tendrá que ser sometida al Consejo de Gobierno, y de ahí a las Cortes.
LA PRIMERA DE LA DGA
La consejera destacó como hito que esta será la primera modificación del Estatuto de Autonomía que parta de la iniciativa del Gobierno, y no del propio Parlamento. Y lo hará además respaldando una petición ciudadana, como ya están haciendo o están en trámites de hacer la mayoría de las comunidades. Ayudará, confió, a paliar la «desafección» ciudadana por lo que se ve como un «privilegio», como es que las causas que les afectan las tratan tribunales superiores.
Además, con la reforma se blindarán los 14 escaños por provincia, que tuvieron que ser salvados por un acuerdo in extremis la pasada legislatura por la pérdida de población de Teruel.
