La convocatoria de ayudas al alquiler para personas con problemas económicos derivados de la crisis del coronavirus vuelve a prorrogarse y en Aragón las cifras evidencian las dificultades que se están registrando para que los solicitantes tengan acceso a ellas siete meses después de iniciarse el periodo de peticiones, el pasado mes de junio.
Según los datos oficiales del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, se han presentado un total de 1.836 peticiones de ayuda, de las que por ahora se han resuelto de manera favorable 390, que se encuentran en Tesorería y se abonan «a la mayor celeridad posible». Sin embargo, el 37% del total ya han sido archivadas o denegadas. En concreto, 305 expedientes han sido archivados por no cumplir con los requisitos de la convocatoria y 303, denegados por no presentar la documentación necesaria en tiempo y forma. Quedan todavía 777 solicitudes por tramitar.
«Es una convocatoria compleja», reconoce la directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Verónica Villagrasa, que tampoco oculta que ha habido «ciertos retrasos en el pago», igual que «dificultades con la atención telefónica a los solicitantes». Algo que explica porque el servicio está tramitando «varias convocatorias al mismo tiempo y hay sobrecarga de trabajo» y porque «desde el Gobierno de Aragón tramitamos las ayudas con las normas que vienen desde Madrid, lo que nos deja poco margen de maniobra».
Villagrasa defiende que el departamento está gestionando la convocatoria de manera «muy garantista, para que las ayudas lleguen a quienes cumplen los requisitos, y no otorgarlas a todos y después tener que reclamar las cuantías, como ha pasado en otras comunidades autónomas». Y es que, asegura, en esta línea de ayudas promovida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hay comunidades que han agotado sus fondos y otras, como Aragón, que no los van a agotar.
La estimación del departamento es que con las 390 solicitudes ya aceptadas se distribuyan ayudas por un montante de 700.000 euros (320.000 euros ya entregados a los propietarios de los inquilinos solicitantes), cuantía lejana de los 3,8 millones de euros disponibles. «El dinero que no se destine a estas ayudas no se pierde, se destinará a otros proyectos del plan estatal vivienda», puntualizó la directora general.
Entre los objetivos del departamento que dirige José Luis Soro se encuentra «reducir los plazos para poder pagar a la mayor brevedad». Aun así, recordó Villagrasa, el abono de las ayudas puede llegar durante todo el 2021. Pero no estableció una fecha tope para que quienes primero solicitaron las ayudas, la reciban.
«Hemos intentado priorizar aquellos expedientes que podían ser beneficiarios pero que tenían documentación que subsanar para que pudieran solicitar de manera correcta la ayuda», explicó. Y ante quienes aseguran que es muy complicado conocer si su solicitud está aceptada o rechazada, la directora general aclara: «Todas las solicitudes tendrán respuesta por escrito».
Los requisitos de las ayudas
Los requisitos de las ayudasEstán destinadas a inquilinos con «problemas transitorios» para pagar el alquiler de su residencia habitual derivados de la crisis del coronavirus.
Los demandantes deben encontrarse en situación de desempleo, ERTE o haber reducido su jornada por motivo de cuidados, siempre como consecuencia de la pandemia.
La renta y los gastos básicos debe suponer al menos el 35% de los ingresos netos. La ayuda cubre hasta el 100%, con un máximo de 600 euros mensuales.
«Llevo seis meses aguardando una respuesta y me piden que espere»
Detrás de cada petición de ayuda al alquiler hay inquilinos y propietarios que esperan una respuesta de la Administración para saber si contarán con esa cuantía o no. Es el caso de un propietario, que prefiere permanecer en el anonimato, y que lleva seis meses esperando una respuesta. Este zaragozano denuncia la dificultad para acceder a cualquier tipo de información relacionada con los expedientes de las ayudas.
«El primer problema es que para este asunto no dan cita previa. Tuve que llamar a la centralita del Pignatelli, me dieron un teléfono donde salía una persona que decía que habían llegado miles de expedientes pero no me aclaró nada sobre el mío, después envié un correo electrónico al que meses después todavía no he recibido respuesta», explica. «Desde la centralita, después de pasarme con una extensión que no daba respuesta, me pusieron con otra en la que me dijeron que ya se vería cuándo me decían algo. Que lo único que podía hacer era esperar», cuenta, frustrado, este jubilado pendiente de la ayuda para saber si cobrará los seis meses que le dejó a deber su inquilina o si tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo para ese periodo en el que estuvo sin trabajo por el covid-19.
«Ella no tiene información, y dimos una hoja de terceros porque se supone que la ayuda se ingresa directamente a los propietarios. Pero lo peor es que no sabemos ni siquiera si se ha aceptado el expediente, ni cuánto nos pertenecería», insiste.
Según aseguraron desde el Sindicato de Inquilinas, este no es un caso «aislado». Entre los demandantes de las ayudas que se han puesto en contacto con la organización, «nadie ha recibido todavía una respuesta a su solicitud» y tampoco tienen constancia de que se hayan empezado a cobrar las ayudas. Si bien, esta máxima ha sido confirmada por fuentes del Departamento de Vertebración, que aseguran que ya se han repartido más de 320.000 euros en ayudas y hay un total de 700.000 euros concedidos.
