El Gobierno de Aragón reclamará a la empresa Nufri, propietaria mayoritaria de la planta de zumos ubicada en Calatorao, Zufrisa, las cantidades de las últimas ayudas públicas que ha recibido, dada la decisión de la compañía de cerrar la planta y despedir a una treintena de trabajadores.
"Esta empresa ha recibido muchas ayudas a lo largo de su vida, yo mismo soy responsable de las últimas de 2015 y 2018, que suman 595.000 euros y que estamos dando los pasos necesarios para iniciar un expediente de posible reclamación de estos fondos por la vía administrativa", ha explicado Olona en el pleno de las Cortes de este viernes, ante la pregunta realizada por el diputado del PP, Ramón Celma, sobre las gestiones desarrolladas por el Ejecutivo autonómico para evitar el cierre y los despidos.
El consejero Olona ha aseverado que el Gobierno "ha hecho y está haciendo todo lo necesario para garantizar los intereses que hay que proteger, pero es una empresa privada", ha reiterado en varias ocasiones.
El titular de Agricultura ha recordado que en junio del 2009 el Gobierno de Aragón entró a formar parte del capital de Zufrisa "en una operación de salvamento". En el 2014, salió del accionariado al considerar que se habían resuelto los problemas que promovieron su entrada, y después, recordó que Zufrisa, compañía participada por Indulleida (empresa del grupo Nufri) casi al 60%, ha seguido recibiendo ayudas públicas. En dos ocasiones, en el año 2015 y en el 2018, con esa cuantía de más de 595.000 euros que ahora pretende reclamar el Ejecutivo autonómico por el cierre anunciado por la propiedad.
Todo ello, a pesar de que la Justicia declarara nulo el despido de los 26 trabajadores el pasado martes en una sentencia del TSJA que demanda la reincorporación de los empleados a sus puestos de trabajo.
El diputado del PP, Ramón Celma, quien ha mostrado uno de los monos que visten los trabajadores de la planta en el pleno, insistía en la importancia de que "la empresa no cierre ni se traslade para sus trabajadores, para los 2.800 habitantes de Calatorao, para los 29.000 de la comarca de Valdejalón y para no dejar caer una empresa agroalimentaria que funciona y que ha recibido millones de ayudas públicas".
"Gracias al tesón de los trabajadores, la Justicia les ha dado la razón. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Aragón para que la empresa no se traslade?, ha insistido Celma. El consejero de Agricultura ha vuelto a responder que han intervenido "en defensa de los intereses en juego", pero ha reiterado que se trata de "una empresa privada".
