La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, reconoció ayer la «ralentización» en las obras de construcción del futuro hospital de Alcañiz y explicó que, a fecha de finales de febrero, solo se había ejecutado un 8% del total del presupuesto asignado pese a que el contrato preveía un 19,2% entre el 2017 y el 2018. Ventura, que compareció en la comisión de Sanidad a petición del PAR, reiteró que «a pesar del retraso sobre el programa de trabajo, la obra sigue siendo perfectamente ejecutable» en el plazo previsto de 52 meses. «Aún quedan 36 meses, pero claro que nos preocupa la ralentización», insistió.

Entre los motivos a los que aludió la consejera para explicar los retrasos por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) OHL-Dragados indicó retrasos administrativos y que, en verano, se produjeron incidencias como «lluvias torrenciales y la aparición de suelos inadecuados, blandos, que afectaron al ritmo» de los trabajos. «El Salud abona las cantidades a la empresa conforme se van terminando las obras y esta tiene total libertad de organización para que, en 52 meses, ejecute la obra al ritmo que mejor le convenga», dijo Ventura, que delegó así la responsabilidad del retraso en OHL Dragados.

Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con la empresa. Sobre la posibilidad y los rumores de que esta haya pedido al Salud ralentizar los trabajos para poder hacer modificaciones sobre el contrato, Ventura lo negó. «En ningún momento hemos recibido instrucción de ese tipo, se lo aseguro», les dijo la consejera a los diputados de la comisión.

SANCIONES

«Si la contratista pretendiera una revisión de su oferta y presentará una propuesta, se estudiaría y analizaría desde el punto de vista técnico. La empresa adquirió un compromiso de hacer la obra por 57 millones y eso no se puede rebatir», reiteró Ventura. Esta recordó que, en el caso de que OHL Dragados no cumpla los plazos, hay una sanción de 2.000 euros al día por cada jornada que supere el plazo de 52 semanas. También se contemplan penalizaciones por retrasos en el mantenimiento o en el pago de la contratista a las subcontratas. «No vamos a aceptar ningún tipo de presión. Si hubiera un retraso técnico que hiciera inviable cumplir con la obra sí podríamos rescindir el contrato, pero solo cuando se vea que es inviable. Ese momento no ha llegado y nadie lo deseamos», apuntó la consejera.

De este modo, Ventura reiteró que para diciembre del 2021 o enero del 2022 estará concluido y terminado el nuevo hospital de Alcañiz. Respecto a las partidas previstas para el centro, la consejera aseguró que «no corren peligro» y están «comprometidas» para la obra. «Es un crédito reservado y bloqueado para incorporarse presupuestariamente en las sucesivas cuentas y poder ir pagando a la empresa conforme entregue obras. No hay más problemas y no debería haberlos», dijo.

OCHO EMPLEADOS

La oposición achacó a Ventura que solo haya ocho trabajadores actualmente trabajando en la zona y le recordó que, hace unos meses, hubo una «espantada» de hasta 50 empleados. Ventura insistió en que esa cuestión «corresponde a la empresa» encargada. «A mí no me pregunten», respondió la titular. La portavoz explicó que, efectivamente, hay ocho empleados, más el oficial técnico y el jefe de obra, realizando el desencofrado de la estructura y preparando ferralla para un edificio.

Así, apuntó que en próximas fechas se prevé la incorporación de más trabajadores para hacer zanjas y la colocación de tubos para cimentar.

Berta Zapater (PAR) calificó el hospital de Alcañiz como «el de nunca acabar» y criticó a la DGA por «hipotecar» la gestión del siguiente Ejecutivo que entre al haber gastado apenas un 8% del presupuesto para el centro.

Por parte del PP, Carmen Susín, acusó a Ventura de «mentir» a la hora de recordar la privatización que pretendió el Gobierno de Rudi con el hospital de Alcañiz y negó que esa fuera la fórmula. «Usted es ahí la retorcida», le dijo Susín a la consejera. Esta respondió: «No voy a entrar ahí, ya quedó claro lo que querían», insistió.

Carmen Martínez (CHA) y Olvido Moratinos (PSOE) defendieron la gestión pública y los plazos, Marta Prades (Podemos) criticó los retrasos y Susana Gaspar (Ciudadanos) señaló que los datos «son tozudos» y recalcó la escasa ejecusión en la obra.