El Gobierno de Aragón recortó el año pasado un 15,4% su inversión en Justicia Gratuita, desde los 4,2 millones de euros destinados en 2016 hasta los 3,6 millones del año pasado.

Así lo denunció ayer el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, durante la celebración del Día de Turno de Oficio. Morán criticó con dureza el «presunto progresismo» del Ejecutivo del socialista Javier Lambán, ya que señaló que la DGA «debe 15.000 euros del pago del primer trimestre del año realizado». «En otras comunidades en las que las competencias no están transferidas, los abogados cobran de forma mensual y eso lo hizo un gobierno conservador como era el anterior de Rajoy», reprochó, mientras incidía en que esta situación conlleva que sean los propios abogados «quienes tienen que hacer frente a las mermas que ocasiona esta situación, algo que no es de recibo».

Un ejemplo de ello lo ofreció David Burgos, un letrado que pertenece al Servicio de Orientación Penitenciaria (SOP), quien lamentó que los 60 abogados que ofrecen este servicio a presos de Zuera y de Daroca «han cobrado 0 euros, ni los desplazamientos a dichos centros penitenciarios han sido compensados». El pasado año atendieron a 1.279 personas.

El decano de los abogados zaragozanos explicó que el recorte que ha realizado la DGA a la partida del Turno de Oficio se ha aplicado en los gastos de infraestructura, que engloba la tramitación de expedientes, los gastos en informática y tesorería. Esto ha conllevado el despido de dos personas y que se haya reducido los días de atención al ciudadano. Una situación que para Morán repercute de forma negativa en los ciudadanos más vulnerables, que son los demandantes de estos servicios.