El Gobierno de Aragón anunció hace unos días con firme decisión que iba a presentar una denuncia penal en relación a lo ocurrido en la residencia de Burbáguena (Teruel), donde veía indicios de delito en los hechos al producirse un brote de coronavirus que ya deja, según las últimas informaciones, 73 positivos y cinco fallecidos. Sin embargo, días después la denuncia sigue sin ser presentada y parece que no llegará a puerto. Al menos de momento.
El Ejecutivo recula en su idea, según se desprendió de las afirmaciones del Secretario General Técnico del Departamento de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, quien aludió que pudo haber una «valoración excesiva de las circunstancias» en la residencia de Burbáguena que llevó a anunciar medidas como la denuncia. «Yo mismo he hecho ese exceso de valoración, que a veces conlleva esta situación, pero una denuncia es un análisis exhaustivo de los hechos y en eso estamos. La responsabilidad penal es personal, no es corporativa ni grupal. Y exige tiempo. Es preferible tardar unos días y no dejarnos llevar por las circunstancias», dijo.
Sus palabras vinieron a confirmar las dudas al respecto mostradas ya el lunes por la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien no pudo determinar si los servicios jurídicos de la DGA_ya habían materializado la denuncia y aludió que agosto, con los condicionantes de las vacaciones y el parón administrativo, podría conllevar ciertos retrasos.
Expediente sancionador / Ahora, dejada de lado la denuncia y reconocido ese momento de exceso valorativo que incluso puso el foco en los trabajadores, la DGA podría optar por abrir un expediente sancionador a la residencia, al tiempo que tratan de ver qué ha pasado para que se desencadene el brote. «Estamos estudiando los hechos para decidir qué vía adoptar. En cualquier caso, si se abre un expediente puede suceder que, mientras está en curso, nos demos cuenta de alguna irregularidad o delito y entonces se paralizaría para presentar una demanda e ir ante la Justicia. No es incompatible una cosa con otra. Pero todo exige tiempo y análisis, y debemos ser cautos», reiteró Jiménez.
Entre los análisis que se están haciendo para saber si el centro cumplió con el plan de contigencia está comprobar si se cumplió con la obligación de comunicar los casos, de mantener las distancias o de colocar la cartelería. «Mantenemos reuniones periódicas y de apoyo, al tiempo que estamos controlando el pequeño problema de personal que tienen. No necesitamos alarmas, es cuestión de tiempo y de gestión con rigor», reiteró Jiménez.
Mientras tanto, en la residencia de Burbáguena se llevaron este martes a cabo los trabajos de desinfección por parte de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel. En la actuación participaron 11 efectivos de los parques de Calamocha, Teruel y Alcañiz, que se dividieron en varios equipos de dos personas para llegar a todos los espacios tanto del interior como del exterior de edificio.
Antes de comenzar con el procedimiento se instaló una zona de descontaminación donde los bomberos estuvieron equipados con botas impermeables, un traje nivel II, guantes de nitrilo interiores y otros exteriores químicos, gafas o pantalla de protección y mascarillas FFP3 o casco F2.
Más allá del caso de Burbáguena, las residencias y sus usuarios siguen siendo el punto más vulnerable de los rebrotes de coronavirus. Actualmente, y según los datos ofrecidos ayer por la DGA, hay 294 residentes afectados por la enfermedad en Aragón, lo que supone más del doble que hace unos días, cuando se comunicaron 112 enfermos.
47 centros afectados / Los fallecidos en centros residenciales son 10 desde principios de julio y las instalaciones que aglutinan casos se elevan a 47 residencias (dos más que hace unos días) y 5 centros de discapacidad y otras patologías. «Son todo centros que anteriormente no registraron casos, salvo una excepción», matizó José Antonio Jiménez.
Las cifras se elevan entre las personas mayores, pero el 75% de los contagios están concentrados en 7 centros residenciales, lo que hace que la situación esté muy focalizada.
Respecto a los contagios entre el personal sociosanitario, estos se elevan ahora de 100. Según los datos de la DGA, de las 47 residencias con casos, 29 solo tienen trabajadores afectados y no residentes; mientras que en 21 hay ambos perfiles y en 8 centros son solo usuarios los contagiados. La actuación pasa por la prevención y el cumplimiento de las normas por parte de las residencias y centros. Sus representantes mantuvieron ayer un encuentro con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y varios miembros del equipo del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Insantes antes de este encuentro, Lambán anunció que la convocatoria en próximos días de 1,5 millones en ayudas para las residencias con el objetivo «de que puedan afrontar gastos sobrevenidos por la pandemia», dijo. En el encuentro, donde se intercambiaron opiniones sobre la evolución de la situación y se presentó el plan de colaboración anunciado la semana pasada por Repollés y Broto, se apuntaron acciones concretas con las residencias. Entre ellas, establecer la figura de un profesional que coordinará con el centro residencial el cumplimiento de los planes y supervisará que todas las residencias cumplen con las medidas de prevención
