El Gobierno de Aragón recurrirá el proyecto estatal de transición energética, cuyo desarrollo inicial les ha hecho llegar el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al menos en un punto. Como avanzó anteayer el presidente Javier Lambán, Aragón quiere que cualquier empresa de la comunidad pueda optar a construir las instalaciones de energías renovables que compensen el cierre de la central de Andorra (1.200 megavatios de capacidad de evacuación), y según explicó ayer el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, el plan del Gobierno contempla que sean las propias empresas que cierren centrales las que compensen la energía perdida con renovables.

Guillén dio algún detalle más sobre lo que han ido conociendo del plan tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de ayer. Un documento que están «leyendo y estudiando», advirtió, pues del borrador de once folios que recibieron en un primer momento ha pasado a «un documento prolijo, largo y técnico».

A falta de conocer todas las discrepancias que encuentre con el plan estatal, por el momento «el Gobierno va a presentar alegaciones», anunció Guillén, a un punto «fundamental», como es el hecho de que se dé «prevalencia» a las empresas propietarias de las centrales eléctricas que cierren, de aquí al 2050, para que sean ellas quienes compensen la energía con instalaciones de renovables.

«La posición del Gobierno de Aragón es que todos los operadores que tengan posibilidades» concurran, expuso Guillén, para quien «hay empresas aragonesas que, en el mercado eólico o solar, pueden competir perfectamente» en este mercado.

COMPENSACIÓN

Como explicó el consejero de Presidencia, la obligación de las empresas eléctricas de reponer la energía que dejen de suministrar con su equivalente en renovables, que ya formaba parte de las primeras compensaciones que dio a conocer Enel-Endesa tras el anuncio de cierre de la térmica de Andorra, podría ser considerada una buena idea en el sentido de que les obliga a dejar una alternativa a la situación. Pero en realidad, al encargarse de estas nuevas instalaciones «no compensan, lo que hacen es un nuevo negocio».

Lambán ampliaba anteayer los posibles motivos de las alegaciones a la estrategia de transición justa aprobada por el Gobierno, en fase de información pública, «a todo aquello que (la DGA) entienda que se puede corregir o mejorar» en el proyecto, como el hecho de la concurrencia de empresas aragonesas.