El Gobierno de Aragón anunció ayer que emprenderá acciones jurídicas contra diez licitaciones y adjudicaciones del trasvase del Ebro, tramitadas por la sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase --Trasagua--). La DGA subrayó que recurrirá todas y cada una de las actuaciones encaminadas a la macrocesión de caudales porque, dijo, "es la mayor amenaza para el futuro de los aragoneses".
Las actuaciones jurídicas van contra las adjudicaciones definitivas de varios contratos de obras, como el del tramo Sifón de Segura-Inicio del acueducto de Campos del Río (en Murcia) y el tramo entre la boca sur del túnel del Saltador al Camino del Cerro Minadeo, en Almanzora (Almería), que se publicaron en el BOE el 19 de febrero.
Asimismo, se recurrirá la adjudicación definitiva de la dirección de obras, dirección medioambiental y coordinación de seguridad y salud de cada uno de esos tramos, que se publicó en el BOE el 20 de febrero. "El Gobierno de Aragón sigue firme, mediante estas actuaciones, en la defensa del agua, como principal recurso de desarrollo y garantía de futuro de los aragoneses, y seguirá vigilante", señaló.
La iniciativa tuvo inmediata respuesta de Trasagua, que aseguró que la DGA no ha ganado ninguno de los 40 recursos que ha presentado hasta la fecha y que en 29 de ellos hay resolución en su contra. En la misma línea se pronunció la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez.
Para el director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, la versión del Gobierno sobre los recursos judiciales es "torticera y malvada". Cajal se mostró convencido de que la justicia acabará dando la razón a los aragoneses en la lucha contra el trasvase y apuntó que los pleitos clave se están librando en Europa.
