La nueva Ley de Función Pública de Aragón, cuyo proyecto aprobó ayer el Consejo de Gobierno, apostará por crear más personal funcionario y menos personal laboral, siempre basándose en criterios de "mérito y capacidad". De este modo, esta opción de contratación quedará reducida a determinadas excepciones correctamente justificadas.

La intención en la elaboración del texto, precisó el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha sido conseguir una ley "que vaya más allá de los posibles cambios de gobierno". Para ello se ha contado con el consenso de todos los agentes que forman la mesa común de negociación de las Administraciones Públicas de Aragón: UGT, CCOO, CSI-F y los representantes de las administraciones autonómica, local, universitaria y las entidades públicas.

MÁS TRANSPARENTE Articular una Administración más moderna, transparente, ágil, eficiente y volcada en el servicio al ciudadano son los fines principales del proyecto de ley, que ayer mismo se remitió a las Cortes para el inicio de su tramitación parlamentaria. Se actualiza "por fin" el texto de 1991, dijo Bermúdez de Castro, que necesitaba una adaptación a las actuales competencias autonómicas, a las posibilidades que desarrolla el Estatuto de Autonomía de Aragón y a los contenidos específicos del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Sus ejes principales son el fortalecimiento del concepto de función pública como estatuto de servicio público; el refuerzo del principio de publicidad y transparencia en la gestión de los recursos humanos, especialmente en lo relativo al acceso al empleo público y a la carrera profesional, e impulsar la profesionalización de la administración pública. También profundizar en la apuesta por la ética del servicio público, simplificar el aparato institucional y agilizar los procesos administrativos relacionados con los recursos humanos. Roberto Bermúdez de Castro celebró que la ley se haya elaborado con mucho consenso.