El Gobierno de Aragón firmó ayer un acuerdo global con los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F, y con los representantes de todas las administraciones públicas aragonesas, dentro del proceso de aprobación del proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, que tiene como objetivos fundamentales la articulación de una Administración más moderna, transparente, ágil, eficiente y volcada en el servicio al ciudadano. El consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, destacó la importancia del acuerdo con las principales centrales sindicales, que calificó de "histórico y enormemente positivo para un sector tan relevante como el de la función pública. Aragón necesitaba desde hacía tiempo una nueva legislación en esta materia y ha sido una prioridad para este Gobierno", añadió.
La nueva Ley de Función Pública de Aragón sustituirá a la vigente normativa del año 1991 y adaptará sus contenidos al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Todos los integrantes de la Mesa de la Función Pública dieron ayer su aprobación al texto, que parte con la premisa primordial de prestar el mejor servicio público al ciudadano. El consejero de Hacienda y Administración Pública, indicó que "la nueva normativa fijará las condiciones para la prestación de este servicio, que debe regirse por los principios de transparencia, mérito, capacidad e igualdad". La ley alcanza, con diferente intensidad, al conjunto del sector público aragonés, con lo que se persigue la conformación de un modelo global de la función pública en Aragón.
